El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) ha emitido un fallo adverso para Colombia en el marco de una disputa con Telefónica, condenando al Estado colombiano a pagar cerca de 380 millones de dólares (aproximadamente 1,7 billones de pesos).
La decisión representa un duro golpe financiero para el país y se suma a una serie de litigios que el Estado enfrenta en cortes internacionales por sus decisiones en torno a inversiones extranjeras.
La controversia se remonta a más de una década, cuando Colombia exigió a Telefónica y a Claro la devolución de activos relacionados con la operación de telefonía celular, argumentando que, al término de sus concesiones en 2014, los bienes debían revertir al Estado. Aunque inicialmente Colombia había ganado un fallo en tribunales nacionales que obligaba a las empresas a pagar 4,7 billones de pesos, el proceso escaló a instancias internacionales. Telefónica acudió entonces al CIADI en 2018, sosteniendo que Colombia había vulnerado el tratado bilateral de inversión con España y no garantizó un trato justo y equitativo.
Telefónica alegó que la reversión de activos, exigida por Colombia, incluyó bienes e inversiones que, según la compañía, no deberían haber sido devueltos. Para sustentar su postura, Telefónica argumentó que las decisiones judiciales y ejecutivas de Colombia violaron compromisos previos establecidos en el Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI).
Impacto en la política de inversiones y reacción del Gobierno
Mauricio Lizcano, ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), expresó su preocupación por el fallo y anunció que solicitará a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) la interposición de un recurso de anulación. Según Lizcano, el fallo “aún no está en firme”, y el Gobierno hará todo lo posible para revertir la decisión.
Este fallo contra Colombia plantea interrogantes sobre las políticas de inversión del país, especialmente en un contexto en el que múltiples sectores, desde el medio ambiente hasta los derechos sociales, están bajo revisión por las autoridades judiciales y administrativas. Recientemente, el presidente de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, César Palomino, destacó que Colombia ha defendido con éxito la mayoría de sus casos ante tribunales internacionales, con un historial favorable en ocho de doce laudos arbitrales. Sin embargo, la pérdida en este caso representa una de las pocas ocasiones en que un tribunal internacional falla en contra del Estado colombiano, lo que podría tener implicaciones significativas en la atracción de inversión extranjera.
Perspectivas a futuro y la necesidad de robustecer la defensa jurídica
A medida que el país enfrenta una creciente tendencia de demandas internacionales por decisiones estructurales y políticas ambientales, Colombia se encuentra en una encrucijada en su política de defensa jurídica. Las demandas han evolucionado más allá de disputas contractuales y ahora abarcan decisiones sobre cambio climático, derechos indígenas y otras políticas de interés nacional.
La resolución de este litigio plantea un llamado a revisar el enfoque de defensa del país en materia de controversias de inversión, en un escenario en el que actores internacionales observan con lupa los movimientos de Colombia respecto a sus compromisos con tratados bilaterales y multilaterales.
