El Congreso de la República aprobó una ley que reconoce, por primera vez, a los animales como víctimas en situaciones de desastres naturales. Hasta ahora, estos seres vivos tanto domésticos como silvestres habían sido invisibilizados en los protocolos oficiales de atención y emergencia.
Con esta nueva legislación, los animales deberán ser incluidos en los planes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Las entidades responsables deberán contar con recursos para garantizar atención médica veterinaria, albergues temporales, equipos de rescate, alimentación y medidas de protección para los animales afectados.
La ley fue aprobada el pasado 22 de abril con una abrumadora mayoría de 120 votos a favor. Se trata de un avance histórico que incorpora a los animales como parte fundamental de la respuesta estatal ante eventos como terremotos, inundaciones, incendios forestales y deslizamientos de tierra.
La iniciativa, liderada por la senadora Esmeralda Hernández, está lista para la sanción presidencial. En sus declaraciones, la legisladora destacó:
«Ante un desastre natural, cientos de miles de animales de compañía, de producción y silvestres resultan heridos, muertos o afectados, sin que siquiera se cuente con un registro de estas víctimas». Agregó que esta omisión ha tenido consecuencias no solo para los animales, sino también para las comunidades, los ecosistemas y las economías rurales del país.
La ley está compuesta por 15 artículos que refuerzan la necesidad de integrar a los animales en los planes de emergencia y contingencia del país. Asimismo, establece que el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo podrá recibir recursos de diversas fuentes como organizaciones no gubernamentales, empresas privadas y cooperación internacional para financiar medidas preventivas, acciones de respuesta inmediata y procesos de rehabilitación, tanto para la población humana como para la fauna afectada.
Una vez entre en vigor, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) tendrá un plazo de tres meses para ajustar sus estrategias y definir protocolos específicos de protección animal. Para ello, deberá coordinar acciones con autoridades locales, organizaciones animalistas y la sociedad civil, con el fin de garantizar una atención digna y efectiva a los animales durante las emergencias.
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