Armando Benedetti, calificó al organismo como “politiquero y chantajista”. El CNE defendió su independencia institucional y reafirmó que sus decisiones se basan en la Constitución y la ley.
A solo un día de la consulta interna del Pacto Histórico, el ministro del Interior, Armando Benedetti, lanzó duras críticas contra el Consejo Nacional Electoral (CNE), acusándolo de actuar con “intrigas, politiquería y chantajes” y de perseguir de forma “mezquina” a la coalición mayoritaria durante los últimos tres años.
En su cuenta oficial de X (antes Twitter), Benedetti afirmó que el CNE “no ha llevado los temas del Pacto Histórico a sala y los ha dilatado”, y propuso la creación de una “junta autónoma electoral” que no esté influenciada por intereses políticos.
El CNE respondió de manera contundente a través de un comunicado oficial divulgado el 24 de octubre. En él, la entidad rechazó enfáticamente las declaraciones del ministro y defendió su ejercicio “autónomo y legítimo” en el marco del proceso relacionado con la personería jurídica y la consulta del 26 de octubre.
“El CNE adopta sus decisiones con estricto fundamento en el artículo 265 de la Constitución Política, la ley y los reglamentos que rigen la organización electoral”, señaló el organismo. Además, enfatizó que no realiza interpretaciones ajenas a su marco jurídico ni asume valoraciones políticas sobre los asuntos que estudia.
El Consejo recordó que su función constitucional es regular, inspeccionar, vigilar y controlar la actividad electoral de los partidos y movimientos políticos, garantizando la transparencia, imparcialidad y legalidad de los procesos democráticos. Cada decisión, según el comunicado, se fundamenta en criterios técnicos y jurídicos objetivos, adoptados en ejercicio de su independencia institucional.
Además, el CNE hizo un llamado a mantener un diálogo respetuoso entre las instituciones del Estado, como condición necesaria para preservar la confianza ciudadana en el sistema electoral y fortalecer la democracia.
Las declaraciones de Benedetti se producen en medio de una creciente tensión entre el Gobierno y los organismos de control electoral, especialmente por la definición de la personería jurídica de movimientos afines al Pacto Histórico. La controversia ha generado preocupación sobre la estabilidad institucional y la transparencia de los procesos democráticos en Colombia.
El pronunciamiento del CNE busca reafirmar su papel como garante de la legalidad electoral, en un momento clave para el país, cuando se define el futuro político de las principales fuerzas que competirán en las elecciones de 2026.
