La representante a la Cámara Katherine Miranda informó que fue citada este lunes al mediodía ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) dentro del trámite de la demanda que presentó para frenar la participación de Iván Cepeda en la consulta interpartidista programada para el 8 de marzo por el denominado Frente por la Vida.
La congresista difundió un acta de inscripción en la que aparecen partidos del Pacto Histórico solicitando formalmente participar en ese mecanismo de selección de candidatura.
Según explicó Miranda en su cuenta de X, la acción ante el tribunal electoral se sustenta en que los partidos firmantes pidieron de manera expresa una consulta interpartidista para definir una candidatura única.
En su mensaje señaló que las consultas tienen carácter vinculante y que, en su criterio, no pueden repetirse por decisiones posteriores de conveniencia política. “Hoy estoy citada al mediodía ante el Consejo Nacional Electoral por la demanda que presentamos contra la participación de Iván Cepeda en una consulta del 8 de marzo. Aquí está la prueba: ellos mismos solicitaron participar en una consulta interpartidista para definir candidatura. Las consultas son vinculantes. No se repiten según conveniencia. Hoy confío en que los magistrados hagan respetar la ley”, escribió.
El documento divulgado corresponde a un acta de solicitud de inscripción de consultas interpartidistas y partidistas ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. En el texto se deja constancia de que representantes del movimiento político Pacto Histórico acudieron el 26 de septiembre de 2025 al despacho del registrador delegado en lo electoral para inscribir la participación en una consulta orientada a elegir una precandidatura y posteriormente una candidatura única para la Presidencia de la República en 2026, así como listas al Congreso para el periodo 2026-2030.
El acta registra la firma de delegados de colectividades que integran esa coalición, entre ellas la Unión Patriótica, el Partido Comunista Colombiano y el Polo Democrático Alternativo. También se anexan acuerdos de voluntades para participar en la consulta, fotografías digitales de los precandidatos y archivos con la estructura de inscripción.
El documento indica que la inscripción se realizó conforme a normas electorales vigentes y resoluciones expedidas por el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría.
La actuación que adelanta el CNE se centra en establecer si la participación cuestionada se ajusta a las reglas que rigen las consultas interpartidistas. Miranda sostiene que la inscripción previa configura una obligación política y jurídica para las organizaciones firmantes. El organismo electoral tendrá que revisar la validez del procedimiento, los alcances del acta y los efectos de la consulta convocada para marzo, dentro de sus competencias de control sobre procesos internos de los partidos y movimientos políticos.
