El Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió avocar conocimiento y ordenar la práctica de pruebas dentro de una actuación administrativa relacionada con la inscripción del ciudadano Iván Cepeda Castro como precandidato en la consulta interpartidista denominada “Frente por la Vida”, prevista para el próximo 8 de marzo de 2026. La decisión se da pese a que Cepeda ya habría resultado ganador en una consulta previa del Pacto Histórico, situación que ahora es objeto de revisión por parte de la autoridad electoral.
De acuerdo con la información oficial, el proceso se originó a partir de una denuncia presentada por David Toledo, candidato a la Cámara de Representantes por el partido Centro Democrático, junto con el abogado Sergio Alzate. En la queja se advierte una posible vulneración al régimen electoral, al considerar que se estaría intentando pasar nuevamente de la condición de candidato a la de precandidato para participar en una nueva consulta, lo que podría contravenir las normas vigentes.
El despacho de la magistrada Fabiola Márquez Grisales confirmó que se emitió un auto con el que el CNE abrió formalmente el expediente y comenzó la recolección de pruebas con el fin de establecer si la conducta denunciada se ajusta o no al ordenamiento jurídico. En el marco de esta actuación, tanto Iván Cepeda como el movimiento Pacto Histórico cuentan con un plazo de ocho horas para responder a los requerimientos formulados por el organismo electoral.
Uno de los puntos centrales de la investigación está relacionado con la eventual asignación de recursos públicos para la campaña presidencial. Según lo expuesto en la actuación administrativa, de confirmarse una irregularidad, podría ponerse en riesgo la entrega de recursos estatales que podrían ascender a cerca de 20.000 millones de pesos, destinados a la financiación de campañas en condiciones de equidad. Este aspecto ha sido señalado como especialmente sensible, dado que involucra el uso de dineros públicos.
David Toledo manifestó que la situación podría constituir un uso indebido de los mecanismos de consulta popular, al intentar acceder de manera reiterada a beneficios y recursos previstos para garantizar la igualdad en la contienda democrática. En sus declaraciones, sostuvo que las consultas no pueden ser utilizadas como una estrategia para obtener financiación estatal en más de una oportunidad.
“El país no puede permitir que se instrumentalicen las consultas populares como un mecanismo para beneficiarse doblemente de los recursos públicos. La financiación estatal de la política debe ser protegida y administrada con rigor”, expresó el dirigente político.
Por ahora, la investigación se encuentra en una fase inicial. Será el Consejo Nacional Electoral el encargado de evaluar las pruebas, analizar los argumentos de las partes y determinar si existió o no una infracción al régimen electoral y a las normas que regulan la financiación de campañas políticas en Colombia. La decisión que adopte el CNE marcará un precedente relevante en el actual calendario electoral.
