Se rompieron los diálogos entre el Gobierno Nacional y el Clan del Golfo-Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, que se venían desarrollando en Catar como parte de los acercamientos exploratorios impulsados en el marco de la política de paz del Ejecutivo. La decisión fue tomada de manera unilateral por esta estructura criminal y se produjo tras el anuncio del Gobierno colombiano de su compromiso de capturar y extraditar a su máximo jefe, alias “Chiquito Malo”, a Estados Unidos en menos de dos meses.
La suspensión de las conversaciones se conoció luego de la reunión sostenida entre el presidente Gustavo Petro y el mandatario estadounidense Donald Trump, en la que Colombia asumió compromisos concretos en materia de cooperación judicial y lucha contra el crimen organizado. Entre ellos, se incluyó la captura y posterior extradición de alias “Chiquito Malo” en un plazo inferior a dos meses, un punto que generó una reacción inmediata por parte del Clan del Golfo.
A través de un comunicado, la organización armada ilegal anunció que no continuaría participando en las mesas de diálogo que se adelantaban en Catar, al considerar que el ofrecimiento de su máximo líder a las autoridades norteamericanas vulnera la confianza mínima necesaria para mantener cualquier canal de acercamiento con el Gobierno. El grupo calificó la decisión como una respuesta directa a lo que considera un cambio en la postura oficial frente a los diálogos.
El ministro de Defensa, Pedro reiteró públicamente en entrevistas radiales lo expresado ante Trump, sobre la disposición del Estado colombiano de avanzar en la captura y extradición de alias “Chiquito Malo”, en cumplimiento de los compromisos adquiridos con Estados Unidos. Estas declaraciones reforzaron el mensaje enviado tras la reunión bilateral y marcaron un punto de quiebre en los acercamientos con el Clan del Golfo.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que el objetivo de capturar y entregar a este cabecilla hace parte de las prioridades actuales de la Fuerza Pública. Según el funcionario, se trata de un compromiso del Estado colombiano en el marco de la cooperación internacional contra el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales, sin que ello implique excepciones frente a personas requeridas por la justicia.
La ruptura de los diálogos tiene implicaciones políticas y operativas. Por un lado, deja en suspenso cualquier avance en los acercamientos que se venían realizando con esta estructura armada. Por otro, plantea un nuevo escenario de seguridad, en el que las autoridades deberán concentrar esfuerzos en la persecución de uno de los principales jefes del crimen organizado en el país, en medio de un contexto de alta presión internacional.
