A través de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por el uso de medios públicos en Colombia para difundir propaganda política a favor del gobierno del presidente Gustavo Petro. Así lo señala un informe detallado presentado recientemente, en el que se analiza la situación de la libertad de prensa y los medios en América.
En uno de los apartes dedicados a Colombia, el informe señala que la Relatoría ha recibido denuncias sobre posibles amenazas a la pluralidad informativa, especialmente en relación con RTVC, el sistema de medios públicos del país. Las preocupaciones giran en torno a la falta de independencia editorial, la censura de contenidos considerados desfavorables al Gobierno y el uso de estos medios como herramientas de promoción oficial.
La Relatoría expuso lo siguiente:
“Se recibió información de que RTVC no estaría operando con independencia, omitiendo temas percibidos como desfavorables para la administración del Presidente, lo que resultaría en una falta de acceso a información completa e imparcial, especialmente para quienes tienen acceso limitado a otras fuentes de información”.
Desde la llegada de Holman Morris a la gerencia de RTVC, diversos periodistas, organizaciones y trabajadores del sector han denunciado una transformación radical en la línea editorial del canal público. Se ha señalado una presunta persecución interna contra quienes no se alinean con las políticas del actual gobierno, cambios en la programación y directrices para enmarcar los contenidos en una narrativa favorable a la imagen presidencial.
El informe también cuestiona la asignación de contratos dentro de RTVC.
“Durante su visita in loco, la CIDH conoció reportes de organizaciones que manifestaron su preocupación por la contratación de activistas e influencers sin formación o experiencia periodística, lo que genera dudas sobre la imparcialidad y profesionalismo en la producción de contenidos”, agrega la Relatoría.
Asimismo, se denunció una reducción significativa en la pauta oficial para medios privados, concentrando la publicidad estatal en medios públicos, especialmente en RTVC.
Otro de los puntos que genera alarma es la existencia de reportes sobre presunto acoso laboral dentro de la entidad, lo cual también fue recogido por la RELE durante su visita.
Ante este panorama, la CIDH reitera la importancia de que los medios públicos operen con total independencia del poder político.
“Para cumplir su función en sociedades democráticas, los medios públicos deben ser independientes del Poder Ejecutivo, pluralistas, accesibles y contar con mecanismos de gobernanza, políticas editoriales transparentes y mecanismos de rendición de cuentas. No deben ser utilizados como instrumentos de propaganda gubernamental”, subraya el informe.
Organizaciones como la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) también han alzado la voz por lo que consideran un uso indebido de los medios públicos. Entre sus críticas, se encuentra el elevado costo que representa la transmisión permanente de las intervenciones del presidente Petro en distintos lugares del país, las cuales han sido priorizadas en la programación de RTVC.
La alerta de la CIDH vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre la urgencia de proteger la independencia de los medios estatales frente a intereses políticos, y la necesidad de garantizar el derecho de los ciudadanos a una información plural, imparcial y veraz.
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