La decisión del Gobierno nacional de derogar el Decreto 301 de 2017, que creó 1.305 cargos dentro de la Unidad Nacional de Protección (UNP) para un esquema de seguridad integrado por firmantes del Acuerdo de Paz, generó un enfrentamiento entre el partido Comunes y la administración el Gobierno Petro, en medio de un proceso de reorganización interna de la entidad.
La medida se da mientras la UNP adelanta una reestructuración de su planta de personal. Los cargos contemplados en el decreto incluían funciones de asesoría y protección, ocupadas por firmantes del acuerdo y militantes de Comunes. Con la derogatoria, algunos de esos puestos podrían salir de la entidad y otros tendrían modificaciones en sus condiciones laborales.
Rodrigo Londoño, dirigente del partido Comunes, afirmó que la colectividad inició acciones jurídicas para intentar mantener los empleos vinculados al esquema de protección. Según explicó, el movimiento considera que la decisión afecta compromisos derivados del acuerdo firmado con el Estado.
“Seguimos en esa pelea, estamos en un Gobierno por el cual votamos, el cual apoyamos y al cual hemos defendido y seguiremos defendiendo. Lastimosamente se ha presentado esta situación que no entendemos”, expresó.
La inconformidad también incluye la posibilidad de movilizaciones. Londoño señaló que su organización evalúa recurrir a protestas como mecanismo de presión para exigir el cumplimiento de lo pactado. “La salida es seguir en la lucha. Y nos queda la movilización por las calles para exigir que se respete el acuerdo y esperamos que quienes defienden la paz nos acompañen”, afirmó.
Desde la UNP indicaron que la reestructuración no implica necesariamente la eliminación de la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección, dependencia a la que están adscritos los cargos relacionados con firmantes del acuerdo. La entidad explicó que trabaja en un proyecto de decreto orientado a precisar la naturaleza jurídica y la adscripción funcional de esos empleos.
En un pronunciamiento, la Unidad señaló que busca aclarar los alcances de los principios de confianza y exclusividad asociados a los cargos de esa subdirección. “Con relación a la preocupación que se ha generado en torno a los principios de confianza y exclusividad de los empleos de la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección, la Unidad Nacional de Protección está trabajando en un proyecto de decreto en el que se precise expresamente la naturaleza y adscripción funcional de los empleos asociados”, informó.
La controversia se produce en un contexto en el que la protección de firmantes del Acuerdo de Paz ha sido uno de los temas centrales en la agenda de seguridad. La discusión sobre la continuidad y condiciones de estos cargos mantiene abiertas diferencias entre el partido surgido de la desmovilización de las FARC y sectores del Gobierno responsables de la reorganización administrativa de la UNP.
