El concejal de Bogotá, Daniel Briceño, publicó en X una denuncia contra Laura Sarabia, a quien acusa de desempeñar simultáneamente el cargo de Embajadora ante el Reino Unido y el de miembro de la junta directiva del Fondo Nacional de Garantías, una combinación que, según Briceño, la ley prohíbe.
En su mensaje, el concejal anunció que presentó la denuncia ante la Procuraduría General de la Nación y pidió actuación de la entidad de control.
Briceño señaló en su video que la incompatibilidad entre la representación diplomática y la integración a una junta directiva está establecida en la normativa colombiana y cuestionó la ausencia de medidas por parte de la Procuraduría. En su intervención pública, el concejal planteó dudas sobre el ejercicio del control disciplinario y manifestó que espera resultados de la denuncia que, dijo, ya se ha radicado ante las autoridades competentes.
En respuesta a las afirmaciones de Briceño, la abogada de Laura Sarabia, Lina Sandoval Echavarría, publicó en X una defensa de la funcionaria. Sandoval afirmó que integrar una junta directiva no equivale a ejercer un cargo público y sostuvo que, desde el punto de vista del derecho administrativo, no existe la prohibición invocada por el concejal. En su mensaje, la abogada criticó la actuación pública de Briceño y calificó como procedimentalmente errónea su interpretación de la normativa.
Tras la réplica de la defensa, el intercambio continuó. Briceño aseguró, a través de la misma red social, que Sarabia anunció acciones disciplinarias en su contra por haberla denunciado. En ese pronunciamiento, el concejal dijo que no dejará de denunciar lo que considera irregularidades y reiteró su propósito de que la Procuraduría investigue los hechos.
Los episodios públicos incluyen, por tanto, la acusación inicial del concejal, la actuación de la abogada defensora con un argumento jurídico sobre la naturaleza de la integración a juntas directivas y la afirmación del denunciante sobre la apertura de actuaciones disciplinarias en su contra. Las partes han tomado posiciones opuestas en un escenario en el que la decisión sobre la existencia de incompatibilidad corresponde a los órganos con competencia para interpretar y aplicar la normativa.
Hasta el momento no se ha difundido un pronunciamiento oficial de la Procuraduría ni de la entidad diplomática sobre la denuncia ni sobre las eventuales acciones disciplinarias que, según Briceño, fueron anunciadas por Sarabia.
En el intercambio público también se menciona la vía disciplinaria como mecanismo de respuesta, planteamiento que tendrá tramitarse según las reglas establecidas para ese tipo de procesos.
