Durante la audiencia preparatoria en el juicio contra Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, la Fiscalía General de la Nación presentó nuevas pruebas sobre la gestión de recursos para una campaña electoral.
De acuerdo con el ente acusador, se encontraron conversaciones que evidencian transacciones y movimientos financieros de dudosa procedencia.
La fiscal Lucy Laborde Betancourt expuso una serie de mensajes en los que Petro y su expareja, Day Vásquez, habrían coordinado la recepción de dineros destinados a una campaña política. En los chats, se mencionan adquisiciones de bienes, pagos personales y otras transacciones que, según la investigación, refuerzan la acusación de enriquecimiento ilícito.
La Fiscalía indicó que, entre los gastos identificados, se encuentran la compra de una vivienda en Tubará, Atlántico, así como vehículos, joyas y procedimientos estéticos. Además, se identificaron giros y pagos de altas sumas de dinero para fines personales, que estarían vinculados a presuntas fuentes irregulares.
Uno de los hallazgos presentados es el uso de la empresa Grupo Delta Limitada, dedicada a servicios de arquitectura, como posible mecanismo para el lavado de activos. De acuerdo con la Fiscalía, esta compañía pudo servir como fachada para dar apariencia de legalidad a los fondos obtenidos.
Según la fiscal Laborde Betancourt, se identificaron transferencias de Nicolás Petro hacia una fundación, lo que ha generado dudas sobre el destino de estos recursos. La Fiscalía solicitó una revisión detallada de estos movimientos económicos para determinar si forman parte de un esquema de financiamiento irregular.
Entre las conversaciones reveladas, la Fiscalía destacó algunos fragmentos en los que se hace referencia a la necesidad de retirar dinero en efectivo de una residencia y ponerlo bajo custodia de terceras personas. En estos intercambios, también se menciona la búsqueda de individuos que pudieran figurar como propietarios de bienes para evitar la vinculación directa de Petro con esos activos.
El ente acusador argumenta que estas pruebas sustentan la hipótesis de que los recursos presuntamente recibidos para la campaña de Gustavo Petro habrían sido desviados.
Durante la audiencia, la defensa del exdiputado del Atlántico, representada por el abogado Alejandro Carranza, solicitó un control judicial sobre el desarrollo del proceso. Argumentó que la Fiscalía ha presentado pruebas que no tienen relación directa con la acusación.
Así mismo, la defensa alegó que la Fiscalía ha prolongado la audiencia con una lectura extensiva de pruebas sin delimitación precisa de los hechos jurídicamente relevantes. En ese sentido, Carranza pidió al juez que interviniera para evitar lo que consideró una afectación al debido proceso.
El juicio contra Nicolás Petro continuará hasta el viernes 28 de marzo. Durante las próximas jornadas, la Fiscalía buscará la admisión de pruebas para el juicio oral, en el que se determinará la responsabilidad del exdiputado en los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
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