El escándalo por presuntas irregularidades en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) continúa escalando. Este martes 13 de mayo, la Fiscalía General de la Nación anunció la imputación de cargos contra ocho personas, entre ellas César Manrique Soacha, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública.
Los implicados habrían participado en un entramado que desvió $100.000 millones mediante un convenio interinstitucional suscrito entre la UNGRD y la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Según la Fiscalía, los fondos públicos fueron direccionados mediante maniobras irregulares para beneficiar contrataciones específicas.
César Manrique será imputado por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. La Fiscalía sostiene que su participación incluyó la solicitud del traslado de recursos desde la ANT hacia la UNGRD, lo cual habría permitido la adjudicación de contratos con supuestos pagos de comisiones del 7 % sobre el valor de los mismos.
Entre los otros imputados figura el abogado Édgar Riveros Rey, quien enfrentará cargos por concierto para delinquir, peculado, interés indebido en la contratación, falsedad material en documento público y falsedad en documento privado. También fueron vinculados Sonia Rocío Romeo Hernández y Óscar Enrique Cárdenas Angulo, contratistas de la UNGRD.
Asimismo, el proceso incluye a Édgar Echeverri Toro y Francisco Javier Estupiñán Bravo, directivos de la Corporación Mixta Yapurutú; Jorge Aristizábal Rodríguez, funcionario de la Función Pública; y Ana María Riveros Barbosa, contratista de la UNGRD. Estos dos últimos serán procesados por el delito de lavado de activos.
La Fiscalía indicó que parte de la evidencia fue aportada por Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la UNGRD, quienes entregaron declaraciones dentro del proceso. Según la fiscal del caso, María Cristina Patiño, existió un acuerdo entre Manrique y López para facilitar la operación financiera del convenio, con fines de beneficio económico.
Dentro del proceso, se señalaron siete contratos específicos financiados con los recursos de la ANT, por un valor superior a los $96.347 millones. Entre ellos se encuentra un contrato de $42.426 millones con el Consorcio Plantas Desalinizadoras Uribia 2023, otro de $29.000 millones con la Corporación Mixta Yapurutú, y uno más por $11.199 millones con ACF Ingeniería SAS.
También fueron mencionados contratos con la Unión Temporal Bases de La Guajira por $6.555 millones, con Tecnoaguas SAS por $4.351 millones, con Siloh Group SAS por $2.547 millones, y con el Grupo Consultor e Ingenieros SAS por $261 millones. Estas contrataciones incluyeron provisión de carrotanques, plantas desalinizadoras, mantenimiento de pozos y obras de infraestructura en La Guajira.
El proceso penal continúa en desarrollo con nuevos testimonios y material probatorio que será presentado en las próximas audiencias judiciales.
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