En un comunicado público fechado el 24 de junio de 2025, el expresidente de Colombia y director del Partido Liberal, César Gaviria, criticó duramente las intenciones del presidente Gustavo Petro de convocar una Asamblea Constituyente mediante una papeleta en las próximas elecciones. Gaviria afirmó que Petro busca eludir los canales constitucionales y debilitar la democracia, poniendo en peligro la separación de poderes y el Estado Social de Derecho.
“Los colombianos observamos con profunda indignación la decisión del Presidente Petro de llamar a su lado a un grupo de criminales”, dijo Gaviria, en referencia a los beneficios que el mandatario ha otorgado a quienes lo acompañan políticamente, y agregó que esta actitud es un “desprecio por las víctimas, con otro desafío abierto al orden constitucional y legal”.
En su pronunciamiento, el expresidente recordó que la Constitución de 1991, a diferencia de la de 1886, es clara al regular los procedimientos para una Asamblea Constituyente. “Esa ley debe precisar el número de delegatarios, su competencia y el período de sesiones. Luego la Corte Constitucional debe revisar la constitucionalidad de dicha ley. Después del aval de la Corte, el texto es sometido a la decisión popular. No existe ninguna posibilidad jurídica de que una papeleta impuesta por el Presidente o un decreto del Ejecutivo sustituya este procedimiento”, destacó Gaviria.
Además, Gaviria advirtió que cualquier intento por fuera del marco legal es una ruptura del orden constitucional. “La Constitución de 1991 no se cambia por capricho ni por papeleta”, sentenció.
Para Gaviria, la verdadera motivación del Presidente Petro es “sustituir la estrategia electoral de la fallida consulta”, convirtiendo la constituyente en una plataforma para movilizar a su base y dividir a la ciudadanía. Sostuvo que Petro pretende “imponer su modelo de país”, en lugar de contribuir a una construcción democrática y pluralista.
En su comunicado, Gaviria concluyó que el país debe mantenerse alerta y que los jueces no permitirán que Petro logre su propósito. Recordó que ya naufragó el Decreto 0639 de 2025, que buscaba convocar una consulta popular sin los requisitos constitucionales, y advirtió que cualquier nuevo atajo a la legalidad es un “salto al vacío institucional” que la ciudadanía no puede permitir.