El presidente del Senado, Efraín Cepeda, se pronunció este lunes 27 de mayo sobre las recientes declaraciones del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien aseguró que, si la Cámara Alta no se pronuncia antes del 1 de junio, el Gobierno convocaría una consulta popular por decreto. Cepeda calificó esta posibilidad como un «grave atentado contra el Estado de derecho».
Según explicó el funcionario del Ejecutivo, la Ley Quinta de 1992 permite la convocatoria directa al no haberse cumplido el procedimiento reglamentario de lectura previa a la votación en la sesión anterior. En sus palabras, “el Senado no se ha pronunciado”, por lo que, en su concepto, no existe una decisión formal frente a la iniciativa del Ejecutivo.
No obstante, el Congreso había rechazado en votación mayoritaria la propuesta de consulta, según lo explicó el mismo presidente del Senado, quien advirtió que cualquier intento de avanzar por decreto estaría en contravía de la Constitución y las competencias del Legislativo. El senador sostuvo que se trata de una iniciativa previamente negada, y que por tanto, cualquier decisión unilateral del Ejecutivo configuraría una transgresión institucional.
Cepeda también expresó preocupación por el uso de recursos públicos que requeriría dicha convocatoria, que según estimaciones de la Registraduría Nacional podría oscilar entre $700.000 millones y $750.000 millones, dado que implicaría movilizar a más de 40 millones de ciudadanos.
Frente a esta situación, anunció que recurrirá a acciones legales si el Gobierno avanza con la iniciativa por decreto. “Si el Presidente emite un decreto inconstitucional, recurriremos de inmediato a las instancias judiciales competentes”, aseguró el congresista en sus redes sociales.
A la posición del presidente del Senado se sumó el expresidente César Gaviria Trujillo, quien emitió un comunicado en el que manifestó su rechazo al anuncio del ministro Benedetti. En el documento, Gaviria calificó de “violación abierta de la Constitución del 91” cualquier intento de desconocer la votación del Senado mediante decreto.
El director del Partido Liberal advirtió que este tipo de decisiones podrían configurar los delitos de usurpación de funciones públicas y prevaricato. Aseguró que solo un tribunal constitucional puede declarar inválida una decisión del Congreso, y que ningún funcionario del Ejecutivo tiene competencia para interpretar o anular votaciones legislativas.
“El Ejecutivo no es el juez del Congreso”, señaló Gaviria, al tiempo que hizo un llamado a las altas cortes para que actúen y protejan el orden constitucional vigente.
Desde el Ejecutivo, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, defendió el nuevo intento de convocar una consulta popular. El funcionario explicó que la segunda propuesta, a diferencia de la anterior, incluye 16 preguntas y busca consultar a la ciudadanía sobre temas relacionados con la reforma laboral y la reforma a la salud.
Sanguino argumentó que estas reformas enfrentan dificultades en el Congreso, por lo que el Gobierno considera que la consulta ciudadana se convierte en el único mecanismo para garantizar los cambios estructurales propuestos. Añadió que sin la solicitud de la primera consulta, no habría sido posible reactivar la reforma laboral que había sido archivada en la Comisión Séptima del Senado.
El Gobierno alega que la primera votación en la plenaria del Senado adoleció de un vicio de procedimiento, y por eso insiste en la posibilidad de insistir en una nueva consulta, o incluso convocarla directamente si no hay pronunciamiento antes de la fecha límite establecida.
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