A través de una carta dirigida al director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez Ballesteros, el Partido Centro Democrático exigió la adopción inmediata de medidas de protección para sus dirigentes políticos, en medio del ambiente de inseguridad y tensión que atraviesa el país.
La comunicación fue firmada por el director nacional del partido, Gabriel Jaime Vallejo, quien argumentó que, desde 2023, la colectividad ha elevado múltiples solicitudes a la UNP para revisar y fortalecer los esquemas de seguridad, sin obtener respuesta efectiva.
En el documento, Vallejo señala que la situación se ha agravado en los últimos días debido a “las múltiples amenazas reportadas”. En su carta, el partido solicitó medidas específicas para proteger a los siguientes grupos de militantes:
- Congresistas de la República
- Precandidatos presidenciales
- Diputados y concejales que hayan recibido amenazas
- Otros miembros del partido con alta exposición pública y roles políticos activos
El escrito también hace referencia al Estatuto de la Oposición, establecido en la Ley 1909 de 2018, y al artículo 112 de la Constitución Política, los cuales garantizan el derecho a la oposición y su protección. El Centro Democrático se encuentra registrado oficialmente como partido de oposición frente al Gobierno Nacional.
“La Unidad Nacional de Protección ha incurrido en una omisión sistemática y negligente frente a los reiterados requerimientos de seguridad para nuestros líderes”, dice el documento. En el mismo, el director del partido responsabiliza directamente a la entidad y al Gobierno Nacional por cualquier afectación a la vida o integridad de sus militantes.
La carta fue remitida en copia a varias entidades del Estado, entre ellas la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Interior, la Presidencia de la República, la Fiscalía General de la Nación y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El partido solicitó que las respuestas se den con carácter inmediato y que las acciones se ajusten al marco legal y constitucional vigente. Hasta el cierre de este reporte, no se ha emitido respuesta oficial por parte de la UNP ni de las entidades referenciadas en el documento.
