El Centro Democrático y la firma Víctor Mosquera Marín Abogados, en conjunto con la Fundación Derechos y Justicia Asociados, denunciaron este viernes lo que consideran una operación coordinada entre actores políticos de izquierda, estructuras ilegales y figuras internacionales para incidir en el proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
A través de un comunicado oficial, las organizaciones manifestaron su preocupación por lo que denominan una “campaña pública celebrando anticipadamente una supuesta condena contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez”. Según el pronunciamiento, dicha estrategia estaría siendo impulsada desde Colombia y Venezuela, con la participación de “partidos de izquierda en coordinación con estructuras armadas ilegales y figuras criminales como Rodrigo Londoño Echeverry y Diosdado Cabello”.
De acuerdo con la denuncia, estas acciones tendrían como objetivo influenciar el fallo previsto para el próximo 28 de julio, fecha en la que se conocerá la sentencia del proceso. El comunicado advierte que “no se trata de manifestaciones espontáneas ni aisladas”, sino de una acción “que busca manipular la opinión pública, vulnerar la presunción de inocencia y ejercer presión indebida sobre la judicatura colombiana”.
La firma legal y el partido político calificaron la situación como una “interferencia externa grave en un proceso penal soberano” que representa “una amenaza directa a la independencia judicial, al Estado de Derecho y a las garantías fundamentales”.
Frente a estos hechos, indicaron que ya se han realizado denuncias formales ante organismos internacionales. “Hemos informado formalmente estos hechos al Departamento de Justicia y al Departamento de Estado de los Estados Unidos, a la Organización de las Naciones Unidas, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Relatoría Especial sobre la independencia de magistrados y abogados”, señala el texto.
El comunicado también recuerda que dicha relatoría ya se había pronunciado en 2018 a favor del expresidente Uribe, exigiendo al Estado colombiano la protección efectiva de sus garantías procesales.
Finalmente, el Centro Democrático afirmó que no permanecerá en silencio ante lo que considera una campaña política en su contra. “Desde 2012 y bajo el liderazgo del senador Iván Cepeda, ha vulnerado derechos fundamentales y ha pretendido instrumentalizar el aparato judicial con fines políticos”.
