Catorce países, entre ellos España, Francia, Alemania, Reino Unido, Canadá y Japón, emitieron un comunicado conjunto para rechazar la reciente decisión del gabinete de seguridad de Israel de aprobar la construcción de 19 nuevos asentamientos en la Cisjordania ocupada.
La lista de firmantes también incluyó a Bélgica, Dinamarca, Italia, Islandia, Irlanda, Malta, Países Bajos y Noruega, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia.
En su declaración conjunta, los gobiernos señalaron que estas acciones constituyen medidas unilaterales que violan el derecho internacional y tienen el potencial de aumentar la tensión en la región.
En este sentido, los países advirtieron que la expansión de los asentamientos podría dificultar la implementación del Plan Integral para Gaza así como dificultar los esfuerzos para avanzar hacia la segunda fase de este proceso, diseñado para promover un acuerdo político duradero entre israelíes y palestinos.
La declaración también subrayó que los proyectos aprobados, incluidos el asentamiento E1 y miles de nuevas unidades habitacionales, representan un obstáculo directo para la paz y la seguridad a largo plazo en Oriente Próximo.
Por todo esto, los firmantes reiteraron su apoyo al derecho de los palestinos a la autodeterminación y defendieron la solución de dos Estados como el único camino viable para alcanzar una paz estable en la región.
Según el comunicado, Israel y Palestina deben coexistir dentro de fronteras seguras y reconocidas internacionalmente, garantizando la convivencia pacífica y la seguridad mutua.
Así mismo, en la misiva, se recordó la Resolución 2334 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, adoptada en 2016, que declaró ilegales los asentamientos en territorios palestinos ocupados y exigió su cese inmediato.
Además, solicitaron a Israel a revertir la decisión de autorizar los nuevos asentamientos y a detener la expansión de los existentes, recordando que cualquier alteración dificulta la resolución pacífica del conflicto.
Por su parte, y como es usual, Israel rechazó la declaración, fue el ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Saar, quien calificó la condena como “injusta” y afirmó que los gobiernos extranjeros no pueden limitar el derecho de los judíos a vivir en lo que Israel denomina Judea y Samaria. Según Saar, la construcción de asentamientos responde a necesidades de seguridad y defensa del país.
Cabe recordar que los asentamientos en Cisjordania forman parte de un conflicto de larga duración, que inició desde 1967, cuando Israel ocupó estos territorios tras la guerra de los Seis Días, por lo que a la fecha y desde ese entonces, la comunidad internacional ha considerado ilegales las construcciones israelíes en estas áreas.
Precisamente, durante los últimos años, la expansión de los asentamientos ha sido uno de los principales obstáculos para los esfuerzos de paz y ha generado tensiones recurrentes entre palestinos e israelíes.
