El director del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Manrique, presentó su renuncia al presidente Gustavo Petro y fue aceptada por el mandatario, luego de verse implicado en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Manrique, uno de los funcionarios más influyentes del gobierno, es señalado por presuntamente haber direccionado millonarios contratos de la UNGRD.
La Fiscalía reveló que, en complicidad con otros altos funcionarios, Manrique habría pactado sobornos de hasta el 7% sobre contratos por un valor superior a los $100.000 millones de pesos, destinados a la adquisición de carrotanques y construcción de yaguelles.
Salpicados sin procesar y la lista en crecimiento
Cabe recordar que el escándalo de la UNGRD también ha alcanzado a otras figuras del gobierno como Sandra Ortiz, exconsejera de regiones, y los antiguos directores de la UNGRD, Olmedo López y Sneyder Pinilla, quienes han sido señalados de tener roles clave en las irregularidades.
Los procesos en contra de López y Pinilla avanzan rápidamente, mientras que otros implicados esperan su llamado por parte de las autoridades judiciales.
Según informes, la Fiscalía General de la Nación citará a un grupo de altos funcionarios para interrogatorios antes de finalizar el año. Entre ellos se encuentra el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, junto a su exasesora María Alejandra Benavides y César Manrique.
También figura en la lista Carlos Ramón González, exdirector de la Agencia Nacional de Inteligencia, quien será cuestionado en el marco de esta investigación.
Fiscales definirán el destino de los implicados
La suerte de los implicados, incluidos el ministro Bonilla y el propio Manrique, depende de las investigaciones que avanzan en el despacho de los fiscales asignados al caso. Aún no se descarta la posibilidad de imputaciones formales o incluso el archivo de algunos procesos, en función de las pruebas que se recojan en los próximos meses.
La renuncia de Manrique marca un nuevo capítulo en este escándalo de corrupción que ha puesto al gobierno de Gustavo Petro bajo una fuerte presión mediática y pública, ya que se suma a una serie de investigaciones abiertas sobre la gestión y el destino de recursos públicos.
