La Fiscalía General de la Nación fijó para el 14 de enero de 2025 la audiencia de formulación de acusación contra los implicados en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Entre los procesados se encuentran Olmedo López, exdirector de la entidad; Sneyder Pinilla, exsubdirector; y otros señalados como Luis Eduardo López, conocido como El Pastuso, Pedro Rodríguez Melo y Luis Carlos Barreto.
El proceso se llevará a cabo ante el juez cuarto penal del circuito especializado, donde se espera que se presenten los preacuerdos alcanzados entre los acusados y la Fiscalía. El caso ha generado amplia atención debido al impacto en la UNGRD y a las críticas al Gobierno Nacional.
Detalles del caso
Según la Fiscalía, el caso involucra una presunta “empresa criminal” que desvió recursos de la entidad. En el escrito de acusación, de 184 páginas, se describe cómo la organización estableció una división de roles para realizar las actividades ilícitas, afectando los recursos destinados a la gestión del riesgo y la atención de emergencias en el país.
Previo a la citación de la Fiscalía, la Procuraduría General de la Nación negó las solicitudes de Olmedo López y Sneyder Pinilla para aplazar sus declaraciones en el marco del proceso. Los implicados habían argumentado que no podían autoincriminarse sin garantías legales ofrecidas por un eventual principio de oportunidad.
La Procuraduría descartó estas solicitudes, lo que cerró la posibilidad de que los procesados accedieran a beneficios como la reducción de penas. La defensa de López calificó la decisión como una medida injusta y aseguró que obstaculiza el esclarecimiento de los hechos y la identificación de otros responsables.
Declaraciones de la defensa
José Moreno, abogado de Olmedo López, manifestó su inconformidad con la actuación de la Procuraduría, argumentando que la decisión prioriza sancionar a quienes colaboran en lugar de perseguir a otros actores principales del caso. Según Moreno, esta postura podría dificultar el acceso a testimonios clave y desincentivar la colaboración en procesos judiciales.
La audiencia del próximo año será clave para determinar el avance del caso y el alcance de las sanciones contra los acusados. El proceso continuará bajo la supervisión de las autoridades judiciales y con el seguimiento de la opinión pública, dado el impacto que el caso ha tenido en el manejo de recursos de una entidad clave en la gestión del riesgo en el país.
