El abogado constitucionalista y analista político y judicial Andrés Úsuga ha encendido las alarmas sobre los rezagos del “cartel de la toga” en el sistema judicial colombiano. En diálogo con IFMNOTICIAS, Úsuga alertó sobre un patrón preocupante que podría estar repitiéndose en el caso del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, cuya imputación de cargos ha enfrentado dilaciones que generan suspicacias. Según el jurista, aún persisten estructuras dentro de la justicia que permiten direccionar casos a jueces con intereses afines a los implicados, una práctica similar a la que quedó al descubierto en uno de los mayores escándalos de corrupción judicial del país.
Un intento de trasladar el caso Quintero a Bogotá. ¿movida estratégica?
La imputación de cargos contra Daniel Quintero y otros 12 funcionarios por presuntas irregularidades en la adquisición del lote Aguas Vivas ha estado marcada por dilaciones que fueron anunciadas en exclusiva por IFMNOTICIAS. La reciente postergación de la audiencia, supuestamente porque uno de los abogados defensores tenía compromisos académicos, generó dudas sobre si se trata de una estrategia para ganar tiempo ante los crecientes rumores de intento de trasladar el caso a Bogotá tras ser preguntado en el programa Al Momento de IFMNOTICIAS por el traslado del caso a la Fiscalía de Bogotá, Úsuga sugirió que podría haber un intento de trasladar el caso de Medellín a Bogotá, “no para buscar una Fiscalía más favorable, sino para que llegue a jueces afines a los intereses del exalcalde”.
El abogado explicó que, en términos de competencia, la Fiscalía de Medellín es la encargada de llevar el caso, y no hay justificación legal para trasladarlo a la capital. Sin embargo, en el pasado, se han utilizado maniobras similares para garantizar que los procesos sean conocidos por jueces “direccionados”, como ocurrió durante el escándalo del cartel de la toga, según explicó el jurista.
El cartel de la toga: una sombra que aún persiste
El cartel de la toga fue un escándalo de corrupción judicial destapado en 2017, cuando se descubrió que varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia cobraban millonarias sumas de dinero a cambio de influir en fallos y manipular la asignación de casos. La red, que operaba al estilo de una organización mafiosa, permitió que políticos y empresarios con investigaciones en curso pudieran negociar decisiones judiciales a su favor.ñ, logrando que sus casos llegarán a jueces preestablecidos engañando el sistema de reparto.
Entre los implicados estuvieron el expresidente de la Corte Suprema Francisco Ricaurte, condenado a 19 años de prisión, y el exmagistrado Leonidas Bustos, señalado como el principal articulador del esquema. También se involucró al exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, quien confesó su participación en el esquema y fue extraditado a Estados Unidos.
A pesar de las condenas y destituciones, Andrés Úsuga advierte que la estructura del cartel de la toga no desapareció por completo. Existen jueces y magistrados que, aunque no formaron parte del escándalo original, han mantenido prácticas similares dentro del sistema según explica. El reciente intento de dilación en el caso Quintero, y la posibilidad de trasladar el proceso a Bogotá, refuerza la sospecha de que estas influencias aún están en juego.
¿Un intento de evadir la justicia?
El proceso contra Daniel Quintero se centra en el lote Aguas Vivas, con el que se habrían cometido irregularidades que generaron un posible peculado y corrupción para favorecer a privados. La Fiscalía imputará a Quintero y a otros 12 exfuncionarios por su presunta responsabilidad en la negociación. Sin embargo, la estrategia de Quintero parece orientada a evitar que el caso siga en Medellín, donde la Fiscalía local ya tiene avances significativos.
Úsuga advierte que, si el caso se traslada a Bogotá, sería una señal de que Quintero podría intentar direccionar el proceso hacia un juez favorable, siguiendo el mismo patrón que en su momento permitió a políticos y empresarios influir en los fallos de la Corte Suprema. Este señalamiento pone de manifiesto la fragilidad del sistema judicial colombiano y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control para evitar nuevas manipulaciones, argumenta.
El escándalo del “cartel de la toga” dejó una herida profunda en la credibilidad del sistema judicial colombiano. Años después, las alertas sobre maniobras similares en casos de alto perfil, como el de Daniel Quintero, evidencian que la justicia aún enfrenta desafíos para erradicar estas prácticas. La advertencia de Andrés Úsuga es clara: la corrupción judicial sigue vigente, y si no se toman medidas contundentes, la impunidad seguirá siendo un obstáculo para la justicia en Colombia.
