La Fiscalía General de la Nación presentó ante el Tribunal Superior de Bogotá la imputación de cargos contra el excanciller Álvaro Leyva Durán por el presunto delito de prevaricato por acción, relacionado con las decisiones que tomó en el proceso de licitación para la contratación de los servicios de personalización, custodia, distribución e impresión de pasaportes.
Según el ente acusador, el exministro habría expedido actos administrativos que no se ajustaban a la normativa vigente durante el desarrollo del proceso contractual. De acuerdo con la información expuesta por la Fiscalía, el exministro tomó decisiones que motivaron la apertura de una investigación penal, luego de que se declarara desierta la licitación pese a que, según la entidad, el procedimiento contaba con las condiciones necesarias para avanzar hacia la adjudicación.
La diligencia de imputación se realizó de manera virtual y la fiscal encargada del caso sostuvo que no había circunstancias excepcionales que justificaran la urgencia manifiesta con la que se intentó habilitar la contratación directa.
Durante la audiencia, la Fiscalía explicó que las resoluciones firmadas por Leyva carecían de fundamentos jurídicos suficientes y habrían propiciado un escenario para apartar a la empresa que había sido seleccionada con una propuesta superior a los 600.000 millones de pesos.
La actuación del exministro llevó a la suspensión del contrato que inicialmente había sido otorgado a Thomas Greg & Sons en septiembre de 2023. A partir de ese momento, la entidad inició una investigación formal en diciembre del mismo año.
Cabe recordar que la Procuraduría destituyó e inhabilitó a Leyva por diez años al considerar que no existían razones que justificaran la declaratoria de desierta de la licitación. Este fallo fue ratificado en segunda instancia y hace parte de una serie de procesos que involucran a otros funcionarios del Estado por hechos asociados a decisiones administrativas dentro de la Cancillería.
La controversia generada por la licitación afectó la expedición de pasaportes en el país, luego de que el Gobierno decidiera no continuar con el contrato con la firma que por años había estado a cargo del proceso. La decisión impulsó un modelo transitorio en el que la Imprenta Nacional y un acuerdo con Portugal asumieron parte de la producción, mientras que la empresa privada continuó con la impresión debido a prórrogas otorgadas.
En paralelo al proceso penal, Leyva presentó una denuncia ante autoridades de Estados Unidos en la que solicita investigar al presidente Gustavo Petro por hechos ocurridos durante su visita a Nueva York tras la Asamblea General de la ONU.
En el documento dirigido a la fiscal Pamela Bondi, el exministro señaló que el mandatario se dirigió a militares estadounidenses en servicio activo para que desconocieran órdenes del entonces presidente Donald Trump, argumentando que tales declaraciones deberían ser examinadas bajo la legislación penal y militar de ese país.
El Tribunal Superior de Bogotá tendrá que determinar si avala la imputación presentada por la Fiscalía por prevaricato por acción en concurso homogéneo, en el marco de un proceso que marca el primer llamado formal a un exministro por las decisiones adoptadas en el desarrollo de la licitación de pasaportes.
