El caso de Daneidy Barrera Rojas, más conocida como EPA Colombia, se intensifica. Con diferentes acciones, se exploran todas las vías posibles para obtener su libertad tras haber sido condenada y recluida en la Cárcel El Buen Pastor de Bogotá. Barrera, quien fue sentenciada a 63 meses de prisión por los actos de destrucción de estaciones de TransMilenio durante el mal llamado estallido social, enfrenta su condena por cargos de terrorismo y actualmente avanzan otras reclamaciones civiles.
Fuentes cercanas al proceso confirmaron a IFMNOTICIAS que apoderados de Barrera están buscando negociar un acuerdo con la administración de justicia para intentar reducir su condena o acceder a beneficios judiciales, como la casa por cárcel y de ser posible hasta lograr su libertad plena. En medio de este proceso, incluso el presidente Gustavo Petro ha intercedido por ella, aunque ha aprovechado para recordarle su encuentro con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, hecho que sigue siendo objeto de críticas por parte del mandatario colombiano.
El peritaje de sus propiedades, una posible salida judicial
Uno de los recientes avances en la estrategia legal de EPA Colombia ha sido la orden de un peritaje sobre sus propiedades, con el fin de determinar si estos bienes pueden ser usados como caución para obtener una posible libertad. Según información exclusiva obtenida por IFMNOTICIAS, el juzgado que lleva su caso recibió el informe del peritaje, el cual indica que Barrera Rojas es propietaria de dos apartamentos en El Rodadero, Santa Marta, un apartamento en Cartagena, una casa en Bogotá, entre otras propiedades a las que se le suma au empresa de keratinas, un negocio altamente exitoso.
Las fuentes señalan que la posibilidad de utilizar estos bienes para su liberación podría implicar la entrega del 65% de su patrimonio como garantía. No obstante, esto aún debe ser evaluado por las autoridades judiciales y la decisión de si su caso entra o no a revisión, pues al ser una condena, solo el juez podrá revisar el caso y actuar sobre él.
Las reclamaciones económicas y el rol de las aseguradoras
A pesar de que Barrera ya ha realizado pagos por daños y perjuicios, algunas de las partes afectadas en el caso exigen mayores compensaciones debido a los costos derivados del cierre y la reparación de las estaciones vandalizadas de TransMilenio.
Sin embargo, fuentes allegadas a la defensa de EPA Colombia argumenta que, si bien hubo destrucción, TransMilenio recibió indemnizaciones por parte de las aseguradoras, por lo que serían estas entidades las que podrían reclamar los montos pagados y no necesariamente la empresa de transporte público.
Además, las fuentes jurídicas de la defensa aseguran que Barrera ha demostrado su intención de reparar los daños y resarcir a las víctimas, lo cual podría servir como argumento para solicitar una revisión del caso y una posible reducción de la pena.
Opción de casa por cárcel y acción de tutela en curso
Si la solicitud de libertad no prospera, la defensa de EPA Colombia también está buscando la posibilidad de que Barrera cumpla su condena bajo detención domiciliaria. Como parte de esta estrategia, se ha presentado una acción de tutela, la cual será fallada la próxima semana y podría abrir la puerta a que se le conceda casa por cárcel.
Según las fuentes consultadas, Barrera ha iniciado estudios en administración de empresas desde la cárcel, lo cual le permitiría reducir su condena en el marco de los beneficios por educación y buen comportamiento.
Familiares piden a Petro nombrarla gestora de paz
Otro de los frentes en la búsqueda de su libertad ha sido la petición de su madre, Marta Rojas, quien junto a su pareja Karol Samanta, acudió a la Plaza de Bolívar en Bogotá para solicitar formalmente que el Gobierno la nombre gestora de paz.
“Pido al señor presidente Gustavo Petro, al Ministro del Interior y a la Ministra de Justicia que tengan en cuenta la petición del radicado que puso mi hija Daneidy Barrera Rojas, más conocida como ‘EPA Colombia’, para ser vocera de paz”, expresó su madre en un video publicado en redes sociales.
El Gobierno ha utilizado la figura de gestores de paz para otorgar beneficios judiciales a diversos condenados, en especial a actores involucrados en conflictos sociales y políticos. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado si el caso de EPA Colombia podría encajar dentro de esta estrategia, pues Barrera no ha sido miembro activo de grupos guerrilleros para los que fue diseñado la figura y de encontrarse una manera de que sea gestora de paz, esto no garantiza que salga de la cárcel.
Un caso lleno de incertidumbre
Aunque la defensa de EPA Colombia sigue explorando alternativas para lograr su libertad, el panorama no es claro. La gravedad de los cargos por los que fue condenada, sumado a la presión de los sectores que exigen justicia por la destrucción de TransMilenio, dificultan que se le conceda un beneficio en el corto plazo.
Lo cierto es que su equipo legal sigue moviendo todas las fichas posibles: desde el peritaje de sus bienes, el cumplimiento de su condena en casa, la acción de tutela en curso, hasta la opción de ser nombrada gestora de paz.
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