La Procuraduría General de la Nación solicitó al Juzgado Tercero Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá emitir fallo condenatorio contra los abogados Diego Cadena y Juan José Salazar Cruz, quienes están siendo procesados por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.
La petición se presentó en el marco del juicio que adelanta la Fiscalía General de la Nación y en el que ya se ha acreditado, la responsabilidad penal de los exdefensores del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Durante la diligencia judicial, la delegada de la Procuraduría expresó su respaldo a la acusación formulada por la Fiscalía, al indicar que los elementos probatorios recaudados dan cuenta de la intención de los acusados de incidir de manera ilícita en procesos judiciales en curso. “Acompañamos la petición de condena que ha elevado la Fiscalía General de la Nación, al haberse acreditado más allá de toda duda razonable la comisión de los delitos”, sostuvo la funcionaria ante el estrado.
El caso se sustenta en dos episodios identificados por la Fiscalía como los eventos “Vélez” y “Monsalve”. En el primero, la Fiscalía señala que Cadena ofreció inicialmente 200 millones de pesos al exparamilitar Carlos Enrique Vélez, alias ‘Víctor’, con el fin de obtener una declaración favorable al expresidente Uribe y en perjuicio del senador Iván Cepeda. Aunque finalmente se entregaron 36 millones de pesos, tanto la Fiscalía como la Procuraduría consideraron que se cumplió la conducta punible.
El segundo evento hace referencia al acercamiento de Cadena, en febrero de 2018, al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve en la cárcel La Picota. Las pruebas indican que el abogado ofreció beneficios jurídicos a cambio de una retractación que desvinculara a Uribe de grupos armados ilegales. Monsalve había declarado ante la Corte Suprema de Justicia en 2011, y su testimonio dio origen a los procesos judiciales en desarrollo.
La defensa de Cadena, encabezada por el abogado Iván Cancino, ha sostenido que las actuaciones del procesado se enmarcaron en una estrategia de defensa y que no existió una instrucción directa del expresidente. Según la declaración juramentada de Cadena, fue el mismo Monsalve quien solicitó el encuentro y propuso la retractación, sin que mediara presión o promesa formal de beneficios.
El proceso judicial contra Cadena se desarrolla paralelamente a la causa que enfrenta el expresidente Uribe por presunta manipulación de testigos. Aunque ambos casos abordan hechos relacionados, se tramitan de manera separada debido a la individualización de las conductas atribuidas a los implicados. El fallo en el caso de Uribe será anunciado el próximo 28 de julio por el Juzgado 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá.
En relación con este proceso, la defensa del exmandatario ha reiterado que Diego Cadena actuó por iniciativa propia y sin conocimiento previo de Uribe. El abogado Jaime Lombana, representante del expresidente, afirmó que el objetivo de las diligencias adelantadas era verificar la veracidad de informaciones que apuntaban a un posible montaje en su contra por parte de exparamilitares extraditados durante su gobierno.
Lombana sostuvo que no hubo instrucciones para ofrecer pagos o beneficios a los testigos, y que Uribe no conocía personalmente a Vélez ni a Monsalve. Sobre los giros realizados a Vélez, aseguró que el expresidente se enteró diez meses después. También indicó que Uribe no goza de fuero especial por su condición de exjefe de Estado y que ha enfrentado el proceso como cualquier ciudadano.
El origen del caso, según la defensa de Uribe, remonta a advertencias recibidas de su exministro Andrés Felipe Arias sobre presuntas declaraciones en su contra. Posteriormente, Cadena habría ofrecido sus servicios como abogado investigador sin haber sido requerido por Uribe para ello.
El próximo 28 de julio se definirá el futuro judicial del expresidente, mientras avanza el proceso contra Diego Cadena por los mismos hechos bajo otro expediente. Ambos casos continúan generando atención en la opinión pública por el impacto que puedan tener en el ámbito político y judicial del país.
