Rechazo y cuestionamientos generó la decisión de cerrar al público y a la prensa la audiencia de imputación de cargos contra dos exfuncionarias de la administración de Daniel Quintero Calle, en el marco del escándalo de Aguas Vivas, uno de los casos de presunta corrupción más graves en Medellín.
Este martes fueron imputadas Ingrid Vanessa González Montoya, exsecretaria de Gestión Humana, y Yina Marcela Pedroza Gómez, exsubsecretaria legal de Movilidad, por el delito de interés indebido en la celebración de contratos. Con ellas, ya son 13 los imputados en el proceso, incluyendo al exalcalde Quintero Calle.
La audiencia había sido aplazada anteriormente por solicitud del abogado defensor, quien no pudo asistir en la fecha inicial. Sin embargo, lo que debía ser una diligencia pública y transparente terminó realizándose a puerta cerrada, por solicitud de la defensa y con la aprobación del despacho judicial.
A diferencia de las audiencias previas en este mismo caso, esta vez no se habilitó ningún enlace virtual y se restringió por completo el acceso, tanto a medios de comunicación como al público en general. La exclusión generó malestar en sectores que han exigido transparencia total en el proceso judicial.
Lo sucedido ha formulando preguntas inquietantes en el país:
¿Por qué se tomó esta decisión en un caso tan delicado? ¿Se intentaba proteger a las exfuncionarias del escrutinio ciudadano? ¿Qué justificación hubo para cerrar la audiencia a la prensa y a la ciudadanía?
El caso Aguas Vivas investiga el intento de pagar $40.000 millones por un lote que ya era propiedad del Distrito. Las imputaciones apuntan a presuntas irregularidades en esa operación, que habría representado un grave detrimento patrimonial para Medellín.
La falta de acceso a esta audiencia vuelve a poner sobre la preocupación sobre la transparencia del sistema judicial cuando se trata de exfuncionarios de alto nivel. La ciudadanía exige verdad y justicia.
