En una reciente entrevista con un medio nacional, Carolina Corcho, exministra de Salud, analizó las finanzas públicas del sector salud y abordó la decisión del Gobierno Nacional sobre el incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Corcho aclaró que, aunque el aumento no cumplió las expectativas de las EPS, “la UPC no ha disminuido”. Según explicó, el incremento del 5,3% llevó el presupuesto del sector de $93 billones en 2023 a casi $100 billones en 2024.
Sin embargo, la exministra cuestionó fuertemente el manejo de los recursos entregados a las EPS. De acuerdo con Corcho, no hay suficiente justificación financiera para los $13,2 billones entregados a estas entidades en los últimos años. Asimismo, recordó un informe de la Contraloría General que halló un presunto desvío de $11,3 billones durante la pandemia del COVID-19, lo que plantea serias dudas sobre la transparencia en el uso de los fondos públicos destinados a la salud.
En sus redes sociales, Corcho amplió sus críticas hacia las EPS, señalando que algunos gremios han utilizado mecanismos de presión para obtener más recursos, mientras incumplen con sus obligaciones financieras. “Debo decir como médica y ciudadana, que no aceptamos mecanismos de presión y chantaje de los gremios de las EPS para negar servicios a los pacientes, presionando sin fundamento ni datos transparentes, que los colombianos debemos entregarles más recursos, sin que eso lo traduzcan en honrar sus deudas con clínicas y hospitales”, escribió la exministra.
Corcho enfatizó que las EPS contarán con más de $95 billones de pesos en 2024, además de las adiciones presupuestales para garantizar la atención de la ciudadanía. Frente a esto, hizo un llamado al sector salud a actuar con responsabilidad. “Los invito a la sensatez y a honrar con seriedad los compromisos que tienen con el cuidado de la vida,” afirmó.
La exministra también instó al Gobierno Nacional a remitir copias de las irregularidades encontradas en los reportes financieros de las EPS a los organismos de control competentes. En este sentido, pidió que se tomen acciones penales, disciplinarias y fiscales cuando sea necesario. “Se trata de recursos públicos que no pueden manejarse a discrecionalidad y sin rigor, se trata de la vida de los colombianos,” destacó Corcho.
Asimismo, señaló que cualquier mesa técnica que se abra para revisar el cálculo de la UPC en 2025 debe basarse en datos claros y transparentes, y no en especulaciones que generen pánico dentro del sector.
