Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y figura cercana al presidente Gustavo Petro, se encuentra en el centro de una investigación por el multimillonario saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La Fiscalía lo señala como determinador en la red de corrupción y solicitó medida de aseguramiento en su contra. Según rastreos de su conexión virtual, González estaría actualmente en Nicaragua.
La ubicación del exfuncionario ha sido motivo de seguimiento por parte de la Fiscalía, tras confirmarse que abandonó Colombia sin notificar a las autoridades. Aunque inicialmente reportó como lugar de arraigo una dirección en el norte de Bogotá, las evidencias apuntan a que se conectó a una audiencia virtual desde un celular ubicado en Managua, capital nicaragüense.
La fiscal María Cristina Patiño, encargada del caso, presentó una solicitud ante el magistrado Leonel Rogeles para imponer medida intramural contra González. En su intervención, destacó que el exjefe del Dapre no notificó su salida del país ni ha informado su ubicación actual.
Un análisis técnico del CTI concluyó que una conexión anónima durante la audiencia del 21 de mayo coincidía con un dispositivo móvil ubicado en Nicaragua, en un lapso que corresponde al tiempo de participación del procesado.
González ha sido vinculado directamente con la entrega de recursos por parte de la UNGRD a congresistas, presuntamente para asegurar el trámite de reformas impulsadas por el Gobierno, como la pensional. Según las declaraciones del exdirector de la UNGRD, Olmedo López, González habría ordenado pagos por 3.000 millones de pesos al entonces presidente del Senado, Iván Name, y por 1.000 millones al expresidente de la Cámara, Andrés Calle.
Adicionalmente, Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, declaró ante la Fiscalía que los recursos entregados a Name también tenían como objetivo facilitar la elección de Vladimir Fernández como magistrado de la Corte Constitucional. Fernández, Carlos Ramón González y el mismo Name habrían coincidido en un encuentro previo a la votación, según chats entregados por Ortiz.
El Consejo de la Judicatura tendrá ahora que determinar si accede a la solicitud de medida de aseguramiento, mientras la Fiscalía avanza en la recopilación de pruebas sobre la ubicación y el rol de González dentro del esquema de presunta compra de voluntades en el Congreso con fondos públicos.
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