Carlos Alberto Parra Dussan, actual director del Instituto Nacional para Ciegos (INCI), continúa en el cargo a pesar de haber sido sancionado disciplinariamente con destitución e inhabilidad general por 11 años por parte de la Procuraduría General de la Nación.
Según el certificado de antecedentes emitido por la Procuraduría el 9 de mayo de 2025, la sanción quedó en firme el 18 de septiembre de 2024. La resolución fue adoptada en segunda instancia por la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento, tras confirmar la responsabilidad disciplinaria de Parra Dussan por violación al régimen de impedimentos y conflicto de interés.
La sanción disciplinaria surgió del proceso interno 2016-007, en el que Parra Dussan participó directamente en la decisión contra el funcionario Elmer Arias Romero, quien había sido acusado de difundir comunicaciones anónimas sobre presuntas irregularidades al interior del INCI. Los hechos incluyeron señalamientos que involucraban al mismo Parra Dussan y a su esposa.
La Procuraduría encontró que Parra Dussan no se declaró impedido en este proceso, actuando como parte interesada y al mismo tiempo ejerciendo función sancionadora. En primera instancia, la sanción fue establecida como destitución e inhabilidad por 13 años. En segunda instancia, esta fue modificada a 11 años, incluyendo una inhabilidad automática para contratar con el Estado hasta el 17 de septiembre de 2029.
Pese a la existencia del fallo, Parra Dussan se mantiene en la dirección del INCI desde el 26 de noviembre de 2013. La permanencia en el cargo ha sido objeto de cuestionamientos públicos, entre ellos por el concejal Daniel Briceño, quien denunció que, ocho meses después de la decisión disciplinaria en firme, el funcionario aún no ha sido retirado.
El caso también involucra al secretario General del INCI, Darío Montañez Vargas, sancionado en las mismas circunstancias.
Los trámites para su reemplazo han estado en revisión por parte del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) y el Ministerio de Igualdad, entidades que han sostenido diferencias sobre quién debe ejecutar la destitución.
En marzo de 2025, el DAPRE devolvió dos veces el proyecto de decreto para designar a un director encargado. En la segunda ocasión, la propuesta incluía a Diego Mauricio Sánchez Ospina, quien fue desvinculado del INCI días antes de la presentación del documento, hecho que impidió su nombramiento.
Adicionalmente, el 3 de diciembre de 2024, Parra Dussan delegó amplias facultades presupuestales y contractuales en el Subdirector General. En enero de 2025, mediante resolución interna, nombró a Karen Daniela León González en ese mismo cargo, permitiendo así mantener influencia sobre las decisiones de la entidad.
El certificado de la Procuraduría que confirma la inhabilidad vigente fue expedido con base en el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el cual detalla que la inhabilidad legal impide contratar con el Estado bajo lo estipulado en la Ley 80, artículo 8, literal d.
Hasta el momento, el Gobierno Nacional no ha anunciado una decisión formal sobre la ejecución del fallo. La Procuraduría no se ha pronunciado frente a nuevas investigaciones solicitadas por terceros sobre el presunto incumplimiento del mismo.
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