Un prominente cardenal italiano se encontraba entre las 10 personas enviadas a juicio en el Vaticano el sábado acusadas de delitos financieros que incluyen malversación, lavado de dinero, fraude, extorsión y abuso de poder.
El cardenal Angelo Becciu, ex alto funcionario de la administración del Vaticano, así como dos altos funcionarios de la Unidad de Inteligencia Financiera del Vaticano, serán juzgados el 27 de julio por un escándalo multimillonario que involucra la compra por parte del Vaticano de un edificio en uno de los barrios de Londres. distritos más inteligentes.
El juicio traerá inevitablemente un remolino de interés mediático a la pequeña ciudad-estado rodeada por Roma, y parece subrayar la determinación del Papa Francisco de curar la podredumbre en las finanzas del Vaticano, incluso si involucra audiencias públicas desordenadas.
Becciu, de 73 años, a quien el Papa despidió de su alto cargo de clérigo el año pasado por presunto nepotismo, y que siempre ha mantenido su inocencia durante una investigación de dos años, se convierte en el funcionario del Vaticano de mayor rango en ser acusado de delitos financieros.
El Papa dio personalmente la aprobación requerida la semana pasada para que Becciu sea procesado, según una solicitud de acusación de 487 páginas vista por Reuters. El Vaticano anunció las acusaciones en un comunicado de dos páginas.
Los cargos contra Becciu incluyen malversación de fondos y abuso de poder. Una mujer italiana que trabajaba para él fue acusada de malversación y el exsecretario del cardenal, el padre Mauro Carlino, fue acusado de extorsión.
Becciu dijo en un comunicado que fue víctima de una “maquinación” y reafirmó su “absoluta inocencia”.
El abogado de Carlino dijo que su cliente era inocente, había estado “actuando bajo órdenes” y le había ahorrado al Vaticano millones de euros. Dijo que comenzar un juicio tan pronto no les dio a los abogados defensores el tiempo suficiente para prepararse.
Dos corredores italianos, Gianluigi Torzi y Raffaele Mincione, fueron acusados de malversación, fraude y lavado de dinero. Torzi, contra quien los magistrados italianos emitieron una orden de arresto en abril, también fue acusado de extorsión.
No hubo una respuesta inmediata a los intentos de comunicarse con sus abogados, pero ambos hombres han negado sistemáticamente haber actuado mal.
Cuatro empresas asociadas con acusados individuales, dos en Suiza, una en Estados Unidos y una en Eslovenia, también fueron acusadas, según el documento.
REDADA POLICIAL
La investigación sobre la compra del edificio se hizo pública el 1 de octubre de 2019, cuando la policía del Vaticano allanó las oficinas de la Secretaría de Estado, el corazón administrativo de la Iglesia Católica y las de la Autoridad de Información Financiera (AIF) del Vaticano.
El entonces presidente de la AIF, Rene Bruelhart, un suizo de 48 años, y el exdirector italiano de la AIF, Tommaso Di Ruzza, de 46 años, fueron acusados de abuso de poder por presuntamente no proteger adecuadamente los intereses del Vaticano y darle a Torzi lo que la solicitud de acusación se calificó de “ventaja indebida”.
Di Ruzza también fue acusado de malversación de fondos relacionada con el presunto uso inapropiado de su tarjeta de crédito oficial y de divulgación de información confidencial.
Bruelhart dijo en un mensaje de texto que “siempre había cumplido mis funciones y deberes con corrección” y que “surgirá la verdad sobre mi inocencia”.
Di Ruzza no respondió de inmediato a un correo de voz solicitando comentarios.
En 2014, la Secretaría de Estado invirtió más de 200 millones de euros, gran parte de los aportes de los fieles, en un fondo gestionado por Mincione, que asegura alrededor del 45% de un edificio comercial y residencial en 60 Sloane Avenue en el distrito de South Kensington de Londres.
La solicitud de acusación decía que Mincione había intentado engañar al Vaticano, que en 2018 intentó poner fin a la relación.
ecurrió a Torzi en busca de ayuda para comprar el resto del edificio, pero luego lo acusó de extorsión.
‘PÉRDIDAS ENORMES’
En ese momento, Becciu se encontraba en el último año de su cargo como subsecretario de Estado para Asuntos Generales, un poderoso cargo administrativo que maneja cientos de millones de euros.
En total, la Secretaría de Estado invirtió más de 350 millones de euros en la inversión, según los medios del Vaticano, y sufrió lo que el cardenal George Pell, ex tesorero del Vaticano, dijo a Reuters el año pasado que eran “pérdidas enormes”.
Torzi fue arrestado en el Vaticano en junio de 2020 y pasó una semana bajo custodia.
Según la solicitud de acusación, Becciu está acusado de cinco cargos de malversación de fondos, dos de abuso de poder y un cargo de inducir a un testigo al perjurio. Cerca de 75 páginas del documento están dedicadas a Becciu.
Dice que Becciu trató de “desviar en gran medida” la investigación sobre las inversiones del Vaticano, incluido el edificio de Londres, y trató de desacreditar a los magistrados investigadores a través de los medios italianos.
Becciu continuó teniendo influencia sobre las transferencias de dinero en la Secretaría incluso después de dejar el cargo, dice el documento.
Los principales cargos contra Becciu involucran la supuesta canalización de dinero y contratos a empresas u organizaciones benéficas controladas por sus hermanos en su isla natal de Cerdeña.
Otra sarda, Cecilia Marogna, de 40 años, que trabajaba para Becciu, fue acusada de malversación de fondos. Su teléfono celular no estaba conectado.
La solicitud de acusación decía que había recibido unos 575.000 euros de la Secretaría de Estado en 2018-2019.
Ella ha dicho en la televisión italiana que el dinero, enviado a su empresa en Eslovenia, era para rescatar a misioneros secuestrados en África. Pero la solicitud de acusación decía que gran parte de ella se utilizó para “beneficio personal”, incluida la compra de artículos de lujo.