La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) impuso una medida preventiva al Gimnasio Campestre Los Laureles, ubicado en el municipio de Cajicá, tras establecer presuntos incumplimientos ambientales en el área colindante con el río Frío, sector en el que ocurrió la desaparición y posterior hallazgo sin vida de la menor Valeria Afanador.
La decisión ordena la suspensión inmediata de las actividades e intervenciones en la zona objeto de análisis mientras se resuelve de fondo el proceso administrativo.
Según el acto administrativo expedido por la autoridad ambiental, el establecimiento educativo no cumpliría con la distancia mínima exigida por la normativa ambiental respecto a la ronda hídrica del río Frío. Adicionalmente, la CAR señaló que en el predio se habrían ejecutado modificaciones a la infraestructura sin contar con los permisos ambientales requeridos, lo que motivó la adopción de la medida preventiva como mecanismo de control y protección del ecosistema.
La resolución también incluyó una orden directa al municipio de Cajicá. La CAR dispuso que la administración municipal tendrá que remitir, en un plazo de diez días hábiles contados a partir de la notificación, las constancias que acrediten el cumplimiento de las obligaciones señaladas en la parte considerativa del acto, a través de la dependencia correspondiente.
La determinación fue recibida como un elemento relevante dentro del proceso judicial que rodea el caso de la menor. El abogado Julián Quintana, representante de la familia de Valeria Afanador, afirmó que la medida confirma la existencia de irregularidades previamente denunciadas.
En su criterio, la suspensión ordenada evidencia que parte de la infraestructura del colegio se encontraría dentro de la ronda hídrica, en contravía de la normatividad ambiental vigente.
El apoderado de las víctimas también se refirió a los argumentos del plantel educativo relacionados con supuestos ajustes realizados tras la desaparición de la menor. Según Quintana, la resolución de la CAR contradice la versión según la cual dichas intervenciones habrían contado con aval de las autoridades, al señalar que las obras adelantadas en la zona del río carecían de autorización y soporte legal.
Desde la perspectiva de la representación judicial, la actuación administrativa tiene implicaciones más allá del ámbito ambiental. Quintana sostuvo que la cercanía de las instalaciones educativas al cauce del río Frío constituía un riesgo para los estudiantes, situación que, a su juicio, era conocida por las directivas del colegio. En ese sentido, consideró que la medida preventiva refuerza los planteamientos presentados dentro del proceso penal en curso.
El abogado indicó que esta decisión será incorporada como elemento de respaldo en las solicitudes elevadas ante la Fiscalía General de la Nación, orientadas a que se avance en la imputación de cargos contra directivos y docentes del establecimiento. Mientras tanto, la CAR continuará con la evaluación técnica y jurídica que permita definir si procede una sanción ambiental definitiva, una vez se surta el trámite administrativo correspondiente.
