La Fiscalía General de la Nación informó sobre un operativo judicial que permitió afectar una red delictiva señalada de estar involucrada en la extracción ilegal de oro y su posterior comercialización en las regiones del nordeste y el Bajo Cauca antioqueño. Como resultado de las investigaciones, cinco de los presuntos articuladores principales de esta estructura fueron capturados y presentados ante un juez penal de control de garantías.
De acuerdo con la Fiscalía, los procesados habrían cumplido distintos roles dentro de la organización, que se dedicaba a la explotación ilícita de yacimientos mineros y a la comercialización del metal extraído de manera ilegal. Los hechos investigados se habrían desarrollado de forma sistemática en varios puntos del departamento de Antioquia, donde la red contaba con frentes de explotación y una logística definida para el transporte y la venta del oro.
Entre los judicializados se encuentra María Consuelo Jiménez Salazar, quien, según la investigación, sería la encargada de administrar los recursos económicos producto de la actividad ilegal y de coordinar la obtención y comercialización del metal. También fueron procesados Yurley Orrego Trujillo y Luciano Antonio Arbeláez Ochoa, señalados de actuar como presuntos administradores de varios frentes de explotación ilícita de minerales.
Así mismo, fue capturado Jhon Wilmar Cabrera González, a quien se le atribuye la responsabilidad del transporte de repuestos y la contratación de mecánicos para la reparación de la maquinaria amarilla utilizada en los entables mineros ilegales. Otro de los implicados es Bernardo de Jesús Orrego Barrios, quien presuntamente habría facilitado un título minero con el fin de legalizar tres lingotes de oro que fueron incautados a uno de los integrantes de la red, con el propósito de evitar su captura.
Los elementos materiales probatorios recaudados por la Fiscalía indican que la organización también estaría implicada en el pago de diferentes sumas de dinero a algunos servidores públicos, con el objetivo de recibir alertas sobre operativos de control en la zona. De igual forma, se señala que la red habría entregado recursos a grupos armados ilegales con presencia en el departamento, para que facilitaran las labores de extracción, transporte y comercialización del oro.
Por estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente imputó a los cinco procesados los delitos de concierto para delinquir con fines de explotación ilícita de yacimiento minero, extracción ilícita de yacimiento minero y otros materiales, y fraude procesal. Las imputaciones se realizaron de acuerdo con el posible grado de participación de cada uno en las conductas investigadas.
Durante las audiencias preliminares, cuatro de los procesados aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía. Como medida, el juez determinó que todos deberán permanecer privados de la libertad en su lugar de residencia, mientras avanzan las etapas del proceso judicial.
La Fiscalía también informó que, de manera reciente, a esta red delictiva le fueron impuestos medidas cautelares con fines de extinción del derecho de dominio sobre bienes avaluados en más de 373.000 millones de pesos. Entre los activos afectados se encuentra un título minero, así como otros bienes que habrían sido utilizados o adquiridos con recursos provenientes de la actividad ilegal.
