En un operativo liderado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), Francisco Javier Martínez Ardila, conocido bajo el alias de “Pacho Malo” y destacado investigador adscrito a esta entidad, fue capturado en Medellín, acusado de liderar una organización criminal implicada en contrabando y posiblemente narcotráfico.
Martínez Ardila, quien operaba principalmente en Cauca y Buenaventura, y ahora se enfrenta a graves acusaciones que incluyen concierto para delinquir agravado y acceso abusivo a un sistema informático.
La Fiscal General (e) de la Nación, Martha Janeth Mancera, anunció que las investigaciones revelaron que Martínez, en complicidad con otros funcionarios y civiles, facilitaba la entrada ilegal de mercancías a través de los puertos de Buenaventura y Barranquilla, afectando significativamente el erario público.
Las acusaciones en contra de Martínez se basan en un amplio material probatorio que demuestra el papel de este hombre en la red delictiva, así como intentos de obstruir la justicia extrayendo información reservada del sistema misional SPOA.
La captura de Martínez Ardila es parte de una estrategia más amplia de la Fiscalía General de la Nación para combatir el contrabando y la corrupción interna, reflejando el compromiso de la entidad con la transparencia y la legalidad.
En los últimos cuatro años, esta estrategia ha permitido imputar a 299 personas, evitando la evasión de más de un billón de pesos en impuestos y la incautación de mercancías valoradas en 43.000 millones de pesos.
Mancera destacó los esfuerzos de la Fiscalía por combatir la corrupción, mencionando la ubicación de 663 bienes adquiridos ilícitamente por servidores públicos y la formulación de cargos contra 130 funcionarios por diversos delitos. La captura de Martínez Ardila subraya la determinación de las autoridades colombianas de perseguir y desmantelar las redes de corrupción y contrabando que socavan la economía y la seguridad del país.
Esta captura refuerza la urgencia de mantener vigilancia constante sobre aquellos encargados de proteger y servir a la nación. La lucha contra la corrupción y el crimen organizado continúa siendo una prioridad para garantizar el bienestar y la justicia en Colombia.
