Desde este 8 de julio, Rosa Villavicencio asumirá como canciller encargada del Gobierno del presidente Gustavo Petro, tras la salida de Laura Sarabia del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El anuncio fue confirmado por la propia saliente canciller Laura Sarabia, quien, luego de reunirse con el jefe de Estado en la Casa de Nariño, afirmó que entregará su gestión a la viceministra posesionada el pasado 6 de junio.
“Estaremos trabajando junto a ella, le estaré entregando toda mi gestión de estos últimos seis meses. Toda mi gratitud al presidente Petro, y hoy finalmente puedo decir que mi tiempo en el Gobierno ha terminado”, declaró Sarabia, quien estuvo al frente de la Cancillería desde enero de 2025.
Villavicencio fue nombrada oficialmente como viceministra mediante el decreto 0581 del 28 de mayo. Su llegada al cargo se dio tras la renuncia de Daniel Ávila, un diplomático de carrera que dejó el Ministerio en abril. A diferencia de Ávila, Villavicencio no proviene del cuerpo diplomático ni cuenta con trayectoria dentro del servicio exterior colombiano, lo que ha generado múltiples cuestionamientos en sectores técnicos, políticos y diplomáticos.
Los interrogantes sobre su perfil no se han hecho esperar. Una de las críticas más repetidas desde la publicación de su hoja de vida oficial ha sido su limitado dominio de idiomas. Este aspecto ha generado comparaciones con el caso de Armando Benedetti, cuyo nombramiento fue anulado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca precisamente por no cumplir con las exigencias lingüísticas para representar al país ante organismos multilaterales.
La designación también ha reavivado críticas previas sobre su paso por la gestión migratoria. Villavicencio fue fundadora y Secretaria General de la ONG Aesco hasta 2022, organización que ha sido mencionada en investigaciones por presuntos conflictos de interés durante su vinculación con la Cancillería. En 2024, la Procuraduría General de la Nación abrió un expediente (IUS E-2023-229517) en su contra, en el que se indagaba si desde su cargo habría favorecido a dicha ONG con contratos o recursos.
Aunque no se ha reportado una sanción pública derivada de esa investigación, sectores especializados en política migratoria han cuestionado la transparencia en la asignación de recursos, así como la efectividad de la gestión en iniciativas como la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones. Esta fue reglamentada en 2024, tras más de una década de retrasos, con participación de organizaciones que han estado ligadas directamente a Villavicencio.
A esto se suman denuncias por supuestos malos manejos de recursos en dos consulados colombianos en España, sin que hasta el momento existan decisiones oficiales que aclaren o desmientan estos hechos.
El ascenso de Villavicencio a la Cancillería vuelve a poner en el centro del debate la forma en que se hacen los nombramientos dentro del alto gobierno. Mientras el país conoce los antecedentes y cuestionamientos que rodean a la nueva canciller encargada, también queda en evidencia la falta de criterios técnicos y la debilidad institucional en procesos claves de la política exterior colombiana.
En medio de los anuncios, las palabras de despedida de Sarabia cierran un ciclo que dejó a su paso escasa información sobre sus líneas de acción concretas como Canciller. Y aunque la transición fue comunicada con formalidad, no se hizo mención de los retos inmediatos que tendrá que asumir Villavicencio ni a los motivos detrás de su elección por encima de otros perfiles considerados.
