La incertidumbre sigue marcando la vida de cientos de residentes en Campo Alegre, donde ocho conjuntos residenciales continúan habitados pese al riesgo inminente de colapso.
Durante casi dos décadas, los propietarios de estos apartamentos han estado inmersos en un complejo proceso jurídico buscando una indemnización o reubicación tras invertir sus ahorros en proyectos que prometían un hogar seguro, pero resultaron plagados de fallas estructurales.
Los conjuntos afectados incluyen Mirador de Campo Alegre, Miraflores, Ciudad del Sol 1 y 2, Atardeceres, y Colina Campestre 1 y 2. La única edificación deshabitada en su totalidad es Altos del Campo, construida por la empresa de Alejandro Char, que ahora se encuentra bajo vigilancia privada para evitar invasiones ilegales.
Sin embargo, los demás edificios aún albergan familias que enfrentan condiciones de deterioro crítico, con grietas, techos resquebrajados y un miedo constante a posibles desplomes.
Lucha judicial sin fin
Los residentes han llevado el caso ante las autoridades durante 19 años, logrando un fallo favorable en algún momento, pero que fue revertido por el Distrito. Algunos afectados han recibido subsidios de arriendo, aunque no todos han sido beneficiados, prolongando el conflicto sin una solución definitiva.
“Tenemos 18 años de estar esperando una respuesta. Nos ofrecieron un subsidio de arriendo a unas personas, no a todas. Un fallo salió a nuestro favor, pero el Distrito lo echó para atrás otra vez”, denunció una de las residentes afectadas.
En los últimos meses, funcionarios del Distrito y expertos en infraestructura han intensificado las visitas al sector, realizando estudios de suelo que evidencian la fragilidad de las edificaciones. Aunque no anticiparon el desplome reciente de la torre Privilegios, sí recomendaron desalojos preventivos en algunos bloques.
Elvira Escorcia, administradora de Ciudad del Sol 2, expresó su frustración ante las recomendaciones:
“Eso está en la Oficina de Gestión de Desastres. Yo envié un derecho de petición y vinieron a revisar. Luego sugirieron un desalojo para el bloque 15, pero pretenden que yo lo haga. ¿Y qué pasa con las demás personas?”.
Los residentes insisten en que no basta con órdenes de evacuación, demandan un proceso integral que garantice su indemnización y reubicación, además de la atención al resto de los conjuntos. Mientras tanto, viven entre el temor constante de una tragedia y la esperanza de que finalmente se haga justicia.
El caso de Campo Alegre pone en evidencia la lentitud de las instituciones para resolver problemas de vivienda que afectan no solo el patrimonio, sino también la seguridad y la dignidad de cientos de familias en Colombia.
