La Corte Suprema de Justicia lanzó un nuevo llamado de atención sobre la transparencia en la financiación política al compulsar copias contra el presidente Gustavo Petro, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, y el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo.
El alto tribunal consideró que los reportes de la campaña de Petro durante la consulta interpartidista del Pacto Histórico en 2022 no reflejan la realidad de los gastos efectuados. Según los magistrados, los registros habrían sido alterados para no superar los topes establecidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
La Sala de Instrucción determinó que los movimientos contables de la campaña muestran un desfase superior a los $1.200 millones de pesos. El análisis se centró en una factura por servicios de transporte aéreo de la Sociedad Aérea de Ibagué S.A.S., cuyo valor original ascendía a $2.324 millones de pesos. De acuerdo con la Corte, la factura fue fraccionada en dos partes: una atribuida a la consulta presidencial por $1.109 millones y otra a la campaña al Senado por $1.215 millones. Con esa maniobra, la campaña habría evitado superar el límite de gastos autorizado, que era de $8.758 millones.
El expediente judicial detalla que la campaña de Petro reportó ante el CNE $8.717 millones en gastos, apenas $41 millones por debajo del tope. Para la Corte, esa coincidencia milimétrica en las cifras es indicio de un cálculo deliberado y no de una simple coincidencia contable.
El tribunal señala que los documentos revisados no corresponden a la realidad de los contratos firmados y que los montos habrían sido ajustados para obtener el reconocimiento de reposición de gastos por parte del CNE, bajo la apariencia de cumplir con los límites legales.
Los magistrados afirmaron que existen elementos que evidencian falsedades en los informes financieros tanto de la campaña al Senado como de la consulta interna del Pacto Histórico. La investigación también apunta a la posible intervención de los responsables gerenciales y administrativos en la decisión de cómo reportar los gastos, lo que podría configurar una acción coordinada para alterar la información oficial.
Por esa razón, la Corte compulsó copias al CNE, a la Fiscalía y a la Comisión de Acusaciones de la Cámara para que se investigue formalmente al mandatario y a sus colaboradores más cercanos.
El pronunciamiento del alto tribunal profundiza la crisis de confianza en torno a la financiación de las campañas del Pacto Histórico. A la par de la investigación sobre los gastos de la consulta, continúa abierta otra indagación por presuntas irregularidades en la campaña presidencial de Petro.
Las instituciones encargadas deberán establecer si la estrategia financiera del movimiento político se basó en el ocultamiento de gastos o en la manipulación contable de sus recursos.
