El partido Cambio Radical solicitó formalmente a la Registraduría Nacional del Estado Civil que rechace cualquier modificación a las reglas electorales que desconozca los mandatos constitucionales y legales vigentes, especialmente aquellos relacionados con la doble militancia y el cumplimiento de decisiones del Consejo Nacional Electoral (CNE).
En un documento firmado por Germán Córdoba Ordóñez, director nacional de la colectividad, el partido instó a la autoridad electoral a ejercer las facultades otorgadas por la Ley 1475 de 2011, con el fin de preservar la transparencia y la igualdad en el proceso democrático.
En el texto se pide expresamente “dar cumplimiento a la facultad establecida en el artículo 32 de la Ley 1475 de 2011”, lo que implica que la Registraduría, sus delegados departamentales y los registradores distritales no acepten ni tramiten modificaciones por revocatoria que contravengan el artículo 7 de la misma ley o el artículo 262 de la Constitución Política, ni aquellas que afecten el régimen de doble militancia.
Asimismo, Cambio Radical solicitó que se “RECHACE MEDIANTE ACTO MOTIVADO cualquier solicitud que desconozca los mandatos constitucionales y estatutarios”, subrayando la necesidad de decisiones debidamente sustentadas desde el punto de vista jurídico.
El documento también advierte que, en caso de que no sea posible cumplir de manera inmediata con los criterios establecidos en el artículo 31 de la Ley 1475 de 2011 y la sentencia C-490 de 2011, se proceda a excluir de la tarjeta electoral las listas que no cumplan los requisitos constitucionales y legales.
Otro de los puntos centrales del pronunciamiento es la protección de los derechos de los ciudadanos que participaron en la consulta interpartidista de 2025. Según el partido, deben garantizarse los derechos fundamentales de estos electores, así como los de las colectividades que han respetado las reglas y las etapas preclusivas del calendario electoral.
Finalmente, el director nacional de Cambio Radical recordó el papel de la Registraduría como garante del sistema democrático y advirtió que “cualquier modificación dentro de las reglas electorales afecta gravemente el principio democrático y la igualdad electoral”.
