Con 96 votos a favor y sin votos en contra, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó este martes 27 de mayo la reforma al sistema penal acusatorio en su último debate.
El proyecto, promovido por la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General y el Ministerio de Justicia, quedó a un paso de convertirse en ley, al requerir únicamente la sanción del presidente Gustavo Petro.
Durante la sesión, varios congresistas se abstuvieron de participar en la votación. Según manifestaron, esta decisión obedece a investigaciones en curso en la Corte Suprema en su contra, por lo que optaron por no intervenir en el proceso legislativo para preservar la transparencia institucional.
La presidenta de la Sala Penal de la Corte Suprema, Myriam Ávila Roldán, intervino durante la plenaria y destacó el alcance de la reforma, mientras que el presidente de la Corte, Octavio Tejeiro Duque, resaltó que esta medida busca reducir los tiempos de respuesta del sistema judicial y acercar la justicia al ciudadano.
El proyecto aprobado plantea una serie de modificaciones estructurales al sistema penal acusatorio con el fin de responder a problemáticas históricas como la congestión judicial y la baja efectividad en la reparación de víctimas.
Uno de los ejes principales es la implementación de la indemnización integral para las víctimas. Esta herramienta pretende mejorar la reparación económica en delitos como homicidio culposo y lesiones personales. La propuesta establece que el agresor podrá asumir los daños causados directamente, y si no se llega a un acuerdo, el fiscal podrá imponer una caución para garantizar dicha reparación.
También se refuerza el principio de oportunidad y la justicia premial. Esto implica que quienes admitan su responsabilidad y colaboren con las autoridades podrán acceder a beneficios como la reducción de penas. La reforma contempla la posibilidad de suspender la persecución penal en casos de cooperación eficaz, mediante una modificación al artículo 284 de la Ley 906 de 2004.
La reforma introducirá ajustes en las competencias del juez de control de garantías. En situaciones que involucren procesos bajo la órbita de la Corte Suprema de Justicia, las apelaciones serán revisadas por magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.
De acuerdo con cifras del Consejo Superior de la Judicatura, en 2023 el país registraba más de 1,2 millones de casos sin resolver. La meta de la reforma es reducir esa carga en al menos un 30 % en los próximos cinco años.
Con la aprobación de este proyecto, el trámite legislativo ha concluido. La iniciativa queda ahora en manos del Ejecutivo para su sanción y entrada en vigencia.
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