El anuncio del Gobierno nacional sobre el incremento del salario mínimo para 2026 continúa generando reacciones críticas desde distintos sectores empresariales. En esta ocasión, la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Lina Vélez de Nicholls, expresó su preocupación por la falta de concertación y los posibles efectos económicos de la medida.
De acuerdo con Vélez de Nicholls, “el anuncio del Gobierno Nacional del aumento del salario mínimo legal por encima de dos dígitos evidencia la incapacidad para la concertación”. La dirigente gremial sostuvo que, durante el proceso, no se tuvo en cuenta la posición de quienes concentran la mayor generación de empleo en el país. “No se tuvo en cuenta la opinión de los principales generadores de empleo del país, que es el sector privado”, afirmó, aclarando que este sector incluye “empresas de cualquier tamaño, micro, medianas, pequeñas y grandes empresas”.
La presidenta ejecutiva de la Cámara también advirtió sobre los posibles efectos inflacionarios del aumento salarial y su impacto en el mercado laboral. En sus palabras, la decisión “genera una alta inflación que genera unos altos costos de vida y fomenta la informalidad laboral”.
Las declaraciones se dan en un contexto en el que el sector privado juega un papel central en la economía y el empleo. Según datos gremiales, este sector genera cerca del 88,5 % del empleo en el país. En Antioquia, el 99,4 % de la base empresarial está conformada por micro, pequeñas y medianas empresas, las cuales generan el 56 % del empleo formal de la región.
Adicionalmente, entre 2021 y 2024 se crearon 405.000 nuevos puestos de trabajo en Medellín y el Área Metropolitana, de acuerdo con el más reciente informe de la Mesa del Empleo de Antioquia, una cifra que equivale a ocupar a todos los empleados de una ciudad como Cartagena o a duplicar los de Manizales.
Pese a las advertencias, la Cámara de Comercio estima que la economía del departamento podría crecer alrededor de un 3 % en 2025. No obstante, el gremio insiste en que las decisiones en materia salarial deben adoptarse mediante procesos de concertación y con
