El debate sobre la vivienda de interés social (VIS) volvió a ocupar el centro de la agenda pública tras un intercambio directo entre el presidente Gustavo Petro y la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol).
La controversia se originó a partir de las afirmaciones del jefe de Estado sobre el impacto del salario mínimo y los topes de precios en la vivienda subsidiada, planteamientos que el gremio constructor consideró imprecisos y con efectos estructurales sobre el sector.
El presidente defendió la política gubernamental al señalar que el ajuste del salario mínimo no representa un riesgo jurídico ni un factor determinante en el aumento del precio de la vivienda, argumentando que el componente laboral equivale a cerca del 20% de los costos.
En ese marco, sostuvo que el eje del debate es el techo de precios de la VIS y su relación con la vivienda popular, al indicar que elevar ese límite desplaza la construcción de soluciones habitacionales dirigidas a los hogares de menores ingresos.
Petro explicó que la reducción del tope de la VIS a 135 salarios mínimos legales vigentes implica, en términos nominales, un aumento en pesos por encima del índice de inflación del sector. También afirmó que la comercialización de viviendas referenciada en salarios mínimos constituye una práctica ilegal y exhortó al gremio a solicitar a sus afiliados abstenerse de ese esquema.
Camacol respondió con un pronunciamiento público en el que pidió rigor técnico y claridad jurídica en el manejo de la política de vivienda. El gremio cuestionó la conveniencia de introducir controles de precios y sostuvo que estas medidas trasladan al sector inmobiliario los efectos inflacionarios derivados del ajuste del salario mínimo.
Según su planteamiento, el control de precios no favorece a los compradores, sino que reduce la oferta, afecta la financiación y altera las condiciones del crédito hipotecario.
Uno de los ejes del desacuerdo se centró en la evolución de los precios de la VIS. Camacol afirmó que, durante la actual administración, el precio máximo de este tipo de vivienda se incrementó en 76%, un ritmo que, según el gremio, supera el registrado en gobiernos anteriores. Para la organización, este comportamiento contradice la tesis de que el impacto del salario mínimo sobre el sector es marginal.
En relación con los costos, Camacol sostuvo que el componente laboral, estimado entre 20% y 25%, no puede considerarse irrelevante, dado que el aumento del salario mínimo también incide en los materiales y servicios asociados a la construcción. En conjunto, estos factores representarían cerca del 70% del costo directo de los proyectos, con incrementos potenciales de entre 10% y 15% en nuevas iniciativas.
El gremio también se refirió a un proyecto de decreto que, a su juicio, introduce un control de precios encubierto al exigir que el valor de la vivienda se fije en pesos desde la separación del inmueble y se mantenga invariable hasta la escrituración. Camacol advirtió que esta disposición altera las reglas del mercado y genera incertidumbre para la inversión.
Frente a la acusación de ilegalidad, la entidad sostuvo que la ley permite precios ciertos o determinables y recordó que los topes de la VIS están definidos en salarios mínimos en el Plan Nacional de Desarrollo. Añadió que una proporción mayoritaria de estas viviendas se comercializa por debajo del límite permitido.
Finalmente, Camacol señaló que las decisiones recientes en materia de vivienda coincidieron con el desistimiento de miles de hogares y la interrupción de procesos de compra tras cambios en programas de subsidio, un escenario que, según el gremio, ha impactado la dinámica del mercado formal de vivienda.
