La Cámara Colombiana de la Construcción (CAMACOL) lanzó una advertencia sobre los posibles efectos del incremento del salario mínimo decretado por el Gobierno Nacional para 2026, al señalar que la medida podría traducirse en un aumento de hasta el 10% en el precio de la vivienda, especialmente en el segmento de Vivienda de Interés Social (VIS).
En un comunicado, el gremio expresó su “profunda preocupación” por una decisión que, según afirma, fue adoptada de manera unilateral y “carece de sustento técnico suficiente”, además de romper el principio de concertación social. CAMACOL sostiene que el aumento está “claramente desalineado de la inflación y de la evolución de la productividad”, lo que introduciría presiones inflacionarias adicionales en la economía.
De acuerdo con el gremio, el salario mínimo funciona como una variable de indexación para múltiples componentes de la economía, entre ellos tarifas, servicios, sanciones, aportes a seguridad social y, de manera particularmente sensible, el precio de la vivienda VIS, cuyos topes están definidos en salarios mínimos.
Impacto directo en la construcción
CAMACOL explicó que el sector de la construcción, intensivo en mano de obra, enfrenta un impacto inmediato. El mayor salario mínimo eleva los costos de construcción tanto de forma directa —por el aumento en la mano de obra, que representa cerca del 25% de los costos directos— como de manera indirecta, a través de insumos, transporte y servicios asociados.
Según estimaciones preliminares del gremio, este choque de costos podría generar un incremento cercano al 4% en los costos totales de construcción, presión que “inevitablemente” se trasladaría al precio final de la vivienda. Esto, advierte CAMACOL, ocurre en un momento en el que el país necesita medidas que faciliten, y no restrinjan, el acceso de los hogares a una vivienda formal.
En el caso de la Vivienda de Interés Social, el efecto sería aún mayor. Al estar su precio definido en salarios mínimos, el ajuste eleva automáticamente los precios máximos permitidos, deteriorando la asequibilidad y “expulsando del mercado a miles de hogares”, en especial a familias independientes, informales o con ingresos variables. El impacto agregado, señala el gremio, podría acercarse al 10%.
Efectos sobre el empleo
Desde el punto de vista laboral, CAMACOL también alertó que el incremento del salario mínimo encarece la contratación formal y profundiza las tensiones del mercado de trabajo, en un país donde cerca del 55% de los ocupados se encuentra en la informalidad. Para este segmento, indicó, la medida “no se traduce en un beneficio real, pero sí en un mayor costo de vida”.
El presidente de CAMACOL, Guillermo Herrera, fue enfático al calificar la decisión gubernamental. “Es un buen eslogan, pero una mala política”, afirmó. Y añadió: “Mejorar el ingreso de quienes hoy están en el empleo formal no puede hacerse a costa de frenar la generación de nuevos empleos, presionar la inflación y encarecer la vivienda social. El resultado termina siendo más exclusión y menor bienestar”.
Finalmente, el gremio reiteró que el salario mínimo no debe convertirse en el único instrumento de política social. A su juicio, la reducción de la pobreza y la protección del ingreso requieren una estrategia integral basada en crecimiento económico, aumento de la productividad, generación de empleo formal, transferencias focalizadas y políticas de vivienda que amplíen —y no restrinjan— el acceso de los hogares a una solución habitacional digna.
