Una fotografía en la que se observa a un grupo de jóvenes abordando una aeronave de la Policía Nacional con rumbo a Barranquilla ha suscitado nuevas tensiones políticas.
El vuelo, relacionado con el cabildo abierto promovido por el presidente Gustavo Petro en la capital del Atlántico, motivó al representante a la Cámara Hernán Cadavid, del Centro Democrático, a presentar una solicitud formal ante el Ministerio de Defensa y la Dirección de la Policía Nacional.
Según el congresista, los civiles trasladados tendrían afinidades con el gobierno actual. A través de su cuenta en la red social X, el legislador señaló: “Antes los quemaban y ahora usan sus aviones”, en alusión a su interpretación del uso institucional de aeronaves para fines no operativos. Cadavid adjuntó un documento en el que plantea once preguntas dirigidas al ministro Pedro Arnulfo Sánchez Suárez y al general Carlos Fernando Triana Beltrán, con el objetivo de esclarecer el propósito y condiciones del vuelo.
Entre los puntos requeridos, el representante solicitó conocer el objeto del traslado, el recorrido completo de la aeronave, la lista de pasajeros, su identidad y vínculos con entidades estatales, así como los costos asociados a la operación, incluyendo combustible, viáticos y personal. Cadavid también pidió información sobre qué entidad asumió el financiamiento del vuelo y bajo qué normativas se autorizó el uso del avión.
En su oficio, pidió copia de contratos, convenios u otros documentos que justifiquen el transporte de particulares en aviones oficiales y cuestionó si hubo directrices emitidas desde el Ministerio, la Dirección de la Policía o la Presidencia de la República para autorizar este viaje.
El congresista también requirió estadísticas sobre cuántos vuelos similares se han realizado desde el 7 de agosto de 2022, detallando fechas, destinos y razones. Además, pidió conocer la cantidad de aeronaves activas en la flota aérea de la Policía, sus usos actuales, y el porcentaje del presupuesto destinado al transporte de civiles.
Mientras tanto, la Contraloría General de la República emitió una solicitud de información al ministro del Interior, Armando Benedetti, para determinar si existía algún convenio o contrato vigente que permitiera el traslado de personas no vinculadas al Estado en aeronaves policiales. La entidad pidió que se especifiquen los criterios, justificaciones y costos asociados a la operación, así como la participación del Ministerio en la organización del vuelo.
El órgano de control también requirió información al brigadier general Carlos Fernando Triana, director de la Policía Nacional. La solicitud incluye preguntas sobre la aeronave utilizada, tipo, matrícula, finalidad del vuelo, personas transportadas, normativas aplicables y copia de los actos administrativos que sustentaron la operación.
Ambas instituciones tienen plazos de dos a cinco días hábiles para entregar las respuestas requeridas. La Contraloría argumentó que la solicitud se realiza bajo criterios de interés público y principios de transparencia administrativa.
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