La senadora María Fernanda Cabal solicitó a la Procuraduría General de la Nación la intervención inmediata y el ejercicio de vigilancia preventiva frente a decisiones recientes adoptadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores que, según advirtió, podrían vulnerar la Ley de Garantías Electorales y poner en riesgo la organización de las elecciones de 2026 en el exterior.
La solicitud fue radicada formalmente ante el Ministerio Público y se sustenta en hechos expuestos públicamente por la Asociación Diplomática y Consular de Colombia (ASODIPLO), que manifestó su preocupación por una serie de cambios abruptos de personal en embajadas, consulados y en la planta interna de la Cancillería. Entre las situaciones señaladas se encuentran declaratorias de insubsistencia y desvinculaciones en cargos considerados estratégicos para el funcionamiento del servicio exterior.
De acuerdo con el documento presentado por la congresista, estas decisiones se estarían produciendo en las semanas previas a la entrada en vigor de la Ley de Garantías Electorales, lo que genera dudas sobre su oportunidad, motivación y legalidad. La senadora indicó que este contexto podría tener implicaciones sobre el normal desarrollo de funciones esenciales del Estado en el ámbito internacional.
Cabal advirtió que las actuaciones señaladas podrían afectar de manera directa la organización de los procesos electorales de 2026 en el exterior, teniendo en cuenta que cerca de seis millones de colombianos residentes fuera del país dependen del adecuado funcionamiento de los consulados y de las misiones diplomáticas para ejercer su derecho fundamental al voto.
En su petición, la senadora solicitó a la Procuraduría verificar la legalidad y la debida motivación de los actos administrativos recientes relacionados con desvinculaciones, insubsistencias, nombramientos y contrataciones en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Asimismo, pidió evaluar si estas actuaciones pueden comprometer la responsabilidad disciplinaria de los funcionarios involucrados.
La solicitud también plantea que el Ministerio Público ejerza vigilancia preventiva con el fin de evitar que las decisiones adoptadas afecten funciones esenciales del Estado, la función consular y la garantía del derecho al voto de los colombianos en el exterior.
Según lo expuesto en el documento, la petición busca que la Procuraduría actúe de manera preventiva para proteger la transparencia administrativa, la institucionalidad del servicio exterior y las garantías electorales de los ciudadanos que participan en procesos electorales fuera del país.
