La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, presentó una queja formal ante la Procuraduría General de la Nación con el fin de que se investiguen posibles irregularidades en la modificación del manual de funciones de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla).
La medida que, según ella, podría facilitar el nombramiento de personas sin formación técnica en cargos especializados. La solicitud fue radicada luego de la expedición de la Resolución 000686 del 14 de abril de 2025 por parte del director general encargado de la Anla, Edilberto Peñaranda Correa.
En ella, se establece la modificación del manual específico de funciones y competencias laborales para incluir, entre los núcleos del conocimiento válidos, áreas como Filosofía, Teología y afines, aplicables a cargos como Subdirector Técnico, Asesor y Profesional Especializado.Cabal señaló que estos cambios se habrían producido en el contexto del ingreso de Irene Vélez a la dirección de la entidad, y cuestionó la pertinencia de incluir profesionales en ciencias humanas para cargos con responsabilidades técnicas, jurídicas y ambientales.
En su cuenta de X, la senadora manifestó: “Acabo de radicar una solicitud formal ante la Procuraduría General para que investigue la modificación del manual de funciones de la ANLA con ocasión de la llegada de Irene Vélez”.
La congresista también indicó que este tipo de decisiones ya se habría presentado anteriormente durante el paso de Vélez por el Ministerio de Minas y Energía, al que criticó por lo que consideró una preferencia por la filiación política sobre la meritocracia.
En la queja, dirigida al procurador general Gregorio Eljach Pacheco, Cabal advierte que el cambio normativo “pone en entredicho los principios de mérito, especialidad e idoneidad técnica” y sugiere que podría estar dirigido a permitir el ingreso de personas específicas en la estructura de la entidad.
La senadora citó el artículo 6 de la Constitución Política, que establece la responsabilidad de los servidores públicos por sus actuaciones, y recordó las disposiciones de la Ley 1952 de 2019 sobre el cumplimiento de los manuales de funciones.
“Los manuales de funciones están diseñados precisamente para garantizar la idoneidad y evitar que criterios subjetivos o intereses políticos se impongan en el nombramiento de personal técnico”, declaró a medios de comunicación.
Hasta el momento, la Procuraduría General no ha emitido pronunciamiento oficial sobre la solicitud. La queja se suma a otras observaciones realizadas por sectores de oposición sobre la presunta utilización de entidades estatales para nombramientos que, según afirman, responden a intereses ideológicos.
