La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, abrió un debate sobre la legalidad de la salida de nueve presos de alta peligrosidad de la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, quienes fueron llevados a un evento político en Medellín para encontrarse con el presidente Gustavo Petro. El acto se realizó en La Alpujarra el pasado sábado y la salida de los delincuentes presos, estuvo impulsado por la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta.
Cabal cuestionó con claridad si existía fundamento jurídico para trasladar a estos internos y subirlos a una tarima para un acto de reconciliación sin autorización judicial ni conocimiento de los fiscales ni jueces, como exige el marco legal vigente en Colombia. La Ley 65 de 1993, que regula el régimen penitenciario, señala que solo las autoridades judiciales, los defensores públicos o el INPEC pueden ordenar estos traslados para actividades externas, y no contempla habilitación de figuras políticas para estos procedimientos.
La senadora señaló que el hecho de que los internos, algunos de ellos condenados por delitos graves, fueran llevados a un acto político, envía un mensaje de confusión entre el poder institucional y el delito, afectando la percepción de justicia y respeto por el Estado de Derecho. Resaltó que, en un país que ha enfrentado décadas de violencia, la institucionalidad no puede equipararse con estructuras criminales, incluso en escenarios de paz o diálogo.
A una semana del suceso, las inquietudes legales no han recibido respuesta clara por parte de las autoridades competentes. Cabal subrayó que ningún juez o fiscal informó públicamente sobre su autorización para esta salida, lo que deja un vacío que, en su opinión, debe ser investigado por los órganos de control. “¿Alguien investigará?”, preguntó la senadora, insistiendo en que se aclare bajo qué figura se permitió el traslado de los presos.
La discusión se da en medio de tensiones políticas sobre el manejo de la paz total, la participación de actores armados en espacios públicos y el papel de figuras políticas en decisiones que involucran a personas privadas de la libertad, en un contexto donde la confianza en la justicia y el respeto al orden constitucional son fundamentales para la legitimidad de cualquier proceso de reconciliación
