En respuesta a las declaraciones del presidente Gustavo Petro tras el Consejo de Ministros del pasado 5 de mayo, el presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, lanzó una dura advertencia sobre los riesgos que implicaría una eventual nacionalización de puertos y aeropuertos en Colombia.
El mandatario colombiano afirmó que “los puertos del país, incluyendo el Aeropuerto El Dorado, han sido cooptados por el narcotráfico”, y anunció que presentará un proyecto de ley para cambiar la administración de estas terminales.
Las declaraciones provocaron una inmediata reacción del gremio empresarial. Bruce Mac Master calificó como “ilegal” la posibilidad de que el Gobierno asuma el control directo de estos bienes estratégicos, hoy en manos de operadores privados. “Las amenazas de nacionalización de puertos y aeropuertos no solo es ilegal, sino que es una pésima señal para los inversionistas que han creído en el país y aumenta las preocupaciones para las nuevas inversiones”, sostuvo.
El presidente de la ANDI también criticó lo que denominó una estrategia equivocada del Ejecutivo en su afán por apropiarse de todos los recursos económicos del país. “El gobierno, en su ambición de acceder a todos los recursos de la economía, se ha equivocado en su persecución a emprendedores, empresarios, colombianos que creen en el país y en la posibilidad que tienen ellos mismos de generar empleos y oportunidades”, afirmó.
Mac Master defendió la operación actual de los puertos y aeropuertos, señalando que Colombia cuenta con instalaciones que son “ejemplo mundial de competitividad, eficiencia y operatividad”. Además, recordó que el control del contrabando es responsabilidad del Estado. “El sistema de aduanas del Estado es hoy el responsable del control del contrabando. Son las autoridades estatales las que tienen a su cargo esta responsabilidad, no hay espacio para tratar de culpabilizar a otros de esa responsabilidad”, subrayó.
Con base a lo anterior, surge la siguiente inquietud:
¿Busca el presidente Petro un cambio estructural o se trata de una confrontación política con el sector privado?
