El Consejo de Estado resolvió a favor de Bogotá un proceso judicial que se extendió por más de dos décadas, en el que se discutía si la ciudad debía transferir el 10% de los recursos recaudados por multas e infracciones de tránsito a la Federación Colombiana de Municipios (Fedemunicipios).
Con la decisión, la capital colombiana no tendrá que hacer dichos pagos, lo que representa un ahorro estimado en más de 492.000 millones de pesos, calculados con base en valores de 2017.
El alcalde Carlos Fernando Galán confirmó el resultado del fallo a través de su cuenta en X, destacando que la decisión cierra definitivamente la disputa. “Ganó Bogotá. El Consejo de Estado falló, en segunda instancia, a favor de la ciudad en una decisión que representa un ahorro de más de 492 mil millones a pesos de 2017”, señaló el mandatario. También agradeció a los equipos jurídicos del Distrito por la defensa sostenida durante años ante los tribunales.
El litigio tuvo origen en la interpretación del artículo 10 de la Ley 769 de 2002, que regula el funcionamiento del Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (Simit).
Según Fedemunicipios, la norma les daba derecho a recibir el 10% de los dineros recaudados por concepto de multas en todos los municipios del país. No obstante, el Distrito argumentó que Bogotá administra directamente el recaudo de sanciones de tránsito, sin intermediación del Simit, por lo cual la Federación no presta ningún servicio que justifique ese porcentaje.
El Consejo de Estado ratificó la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que en agosto de 2024 había fallado en favor del Distrito. En su sentencia, el alto tribunal confirmó que la Federación no tiene derecho a ningún porcentaje de los recursos provenientes de las infracciones en la capital, pues el sistema de multas es gestionado exclusivamente por la Secretaría de Movilidad.
Además, el fallo impuso a la Federación Colombiana de Municipios el pago de costas procesales por valor de $1.423.500 a favor del Distrito Capital, representado por las Secretarías de Hacienda y Movilidad. Una vez la sentencia quede en firme, el expediente será devuelto al tribunal de origen.
El proceso se remonta a más de 20 años de disputas legales entre ambas partes, en las que Fedemunicipios buscaba extender la aplicación del Simit a Bogotá. Sin embargo, los tribunales concluyeron que la autonomía de la capital le permite administrar directamente los recursos derivados de su sistema sancionatorio.
La Alcaldía destacó que la decisión del Consejo de Estado garantiza la continuidad de recursos esenciales para la financiación de programas de movilidad, seguridad vial y gestión urbana. Las secretarías que participaron en la defensa jurídica, Hacienda, Movilidad y Jurídica Distrital, subrayaron que el fallo preserva la integridad financiera de la ciudad y ratifica su competencia exclusiva sobre el manejo de estos fondos.
Con la decisión del alto tribunal, Bogotá pone fin a una controversia jurídica que permanecía abierta desde inicios de la década de 2000 y que ahora queda definitivamente resuelta a favor del Distrito.
