La Misión de Observación Electoral (MOE) incluyó a Bogotá dentro de los 81 municipios del país clasificados en riesgo extremo de cara a las elecciones legislativas del 8 de marzo, según su más reciente informe de Mapas y Factores de Riesgo Electoral.
La capital aparece en esta categoría por la coincidencia de indicadores asociados a violencia política y posibles prácticas de fraude. La evaluación fue elaborada con apoyo de organizaciones como la Fundación Conflict Responses (CORE), el Grupo de Estudios sobre la Democracia de la Universidad del Rosario (DEMOS) y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).
De acuerdo con estas entidades, el diagnóstico está relacionado con amenazas a líderes políticos, episodios de violencia electoral y el entorno de seguridad para el ejercicio periodístico. También se consideran variables como niveles de participación electoral y patrones de clientelismo en sectores populares.
Diego Rubiano, coordinador del Observatorio Político-Electoral de la Democracia de la MOE, explicó que Bogotá ya había estado en esta categoría en 2018 y que en 2022 descendió a riesgo alto. Indicó que la actualización responde a un aumento de tensiones registradas durante el último ciclo electoral.
Entre los hechos que incidieron en la medición mencionó el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay durante un acto de campaña realizado en la ciudad el año anterior. Según Rubiano, ese episodio modificó la ponderación de los indicadores de violencia política.
Como sede de instituciones nacionales, Bogotá concentra denuncias por amenazas contra congresistas y funcionarios, lo que incide en la medición de riesgo. Ángela María Gómez, investigadora de CORE, señaló que la violencia política es uno de los factores que pesa en la clasificación, aunque indicó que la capital no presenta condiciones homogéneas y que los riesgos varían entre localidades.
También mencionó la existencia de actividades de reclutamiento y trabajo político de grupos armados en barrios del suroriente, así como la presencia de estructuras criminales vinculadas a economías ilegales.
Datos recopilados por la FLIP registran que en 2024 se documentaron 530 ataques contra periodistas en el país y en 2025 se reportaron 450 casos adicionales. Bogotá figura entre los territorios con mayor número de amenazas y episodios de estigmatización provenientes de distintos actores. Para la MOE, estas condiciones influyen en el flujo de información durante los procesos electorales.
En materia de fraude, la organización revisó comportamientos electorales como variaciones de participación, votos nulos y concentración atípica de apoyos. Según la MOE, existen barreras de acceso al voto en localidades con amplia dispersión territorial como Ciudad Bolívar, Usme y Sumapaz. También se identificaron dinámicas de compra de votos en zonas urbanas, favorecidas por la posibilidad de inscripción flexible de cédulas.
Paralelamente, la directora de la MOE, Alejandra Barrios, informó que la entidad revisa resoluciones del Consejo Nacional Electoral relacionadas con listas del Pacto Histórico. Señaló que las decisiones tienen efectos jurídicos y políticos y que las organizaciones pueden interponer los recursos correspondientes mientras avanza el calendario electoral.
