El ministro del Interior, Armando Benedetti, respondió públicamente a los señalamientos que lo relacionan con las denuncias sobre presuntas irregularidades en la expedición de títulos académicos por parte de la Fundación Universitaria San José.
A través de un pronunciamiento en su cuenta de X, el funcionario rechazó las afirmaciones de la representante Jennifer Pedraza y aseguró que no ha tenido relación alguna con Francisco Pareja, representante legal de la fundación, ni con directivos de esa institución en los últimos cinco años.
Benedetti afirmó que no ha sostenido encuentros personales, conversaciones telefónicas ni vínculos de ningún tipo con Pareja o con miembros de la Fundación San José, y sostuvo que los intentos por asociarlo con el caso carecen de sustento. En su declaración, señaló que la representante Pedraza estaría actuando de mala fe al tratar de vincularlo con una denuncia que, según indicó, no guarda relación con su gestión ni con su trayectoria reciente.
El ministro también se refirió al caso de Juliana Guerrero, cuyo nombre ha sido recurrente en el debate público por la presunta obtención irregular de un título académico. Benedetti aclaró que cuando asumió el cargo en el Ministerio del Interior, Guerrero ya se encontraba vinculada a esa entidad, por lo que negó cualquier responsabilidad en su ingreso o permanencia. En ese sentido, pidió que las investigaciones se enfoquen en establecer los hechos de manera precisa y conforme a la cronología administrativa.
Las declaraciones del jefe de la cartera política se producen en un contexto marcado por una denuncia más amplia formulada por la representante a la Cámara Catherine Juvinao, quien expuso la existencia de 24 nuevos casos de presuntos diplomas otorgados de manera irregular por la Fundación Universitaria San José. Según la congresista del partido Alianza Verde, estas situaciones habrían facilitado la contratación de personas en al menos 16 entidades del Estado entre 2023 y 2025.
De acuerdo con la información presentada por Juvinao, los contratos asociados a estos casos representarían un costo superior a los $11.000 millones de pesos en recursos públicos. La denuncia sostiene que los títulos no cumplirían con requisitos legales esenciales y que su expedición habría sido determinante para acceder a cargos que exigían formación profesional acreditada.
La investigación identificó dos tipos de irregularidades. En seis casos, las personas habrían obtenido el diploma sin presentar la Prueba Saber Pro, exigida como requisito previo para la graduación. Entre los beneficiarios figuran contratistas del Sena, la Unidad Nacional de Protección, la Dian y el Invima. En uno de los episodios señalados, una contratista del Sena en Boyacá habría recibido más de 81 millones de pesos sin cumplir con dicho requisito.
El segundo grupo corresponde a 18 personas que habrían presentado la Prueba Saber Pro después de haberse graduado, en contravía de lo establecido por la Ley 1324 de 2009 y el Decreto 4216 del mismo año. Dentro de los casos expuestos se encuentra el de un funcionario de la Dian que obtuvo cuatro títulos profesionales en una misma fecha y que, según la denuncia, solo habría presentado una prueba Saber Pro.
Ante estos señalamientos, Juvinao informó que solicitó la intervención del Ministerio de Educación y de la Fiscalía para que se adelanten las investigaciones correspondientes y se establezcan las responsabilidades que puedan derivarse de la actuación de la institución educativa, las entidades contratantes y los funcionarios involucrados.
