Tras la reunión entre el Gobierno nacional y varios gobernadores del país, el ministro del Interior, Armando Benedetti, explicó que la administración central está preparada para garantizar la estabilidad financiera de las regiones frente a los posibles efectos del decreto de emergencia económica.
El encuentro, convocado en la capital del país, tuvo como propósito concertar una mesa de trabajo entre el Gobierno nacional y los mandatarios departamentales ante las inquietudes y eventuales implicaciones del Decreto 1474 de 2025, que incrementó del 5 % al 19 % el impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y tabaco en el marco de la declaratoria de emergencia económica.
La reunión, realizada en el Ministerio de Hacienda, contó con la participación de los ministros de Hacienda, Germán Ávila, y del Interior, Armando Benedetti, así como representantes de la Federación Nacional de Departamentos (FND) y varios gobernadores, entre ellos Nubia Carolina Córdoba, del Chocó; Adriana Matiz, del Tolima; Dilian Francisca Toro, del Valle del Cauca; y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien asistió de manera virtual.
Durante el encuentro, que reunió a 16 mandatarios departamentales y funcionarios del Ejecutivo, se abordaron las preocupaciones relacionadas con las medidas contempladas en el Decreto 1474 de 2025.
Estos impuestos, que trasladan una parte del recaudo al Gobierno nacional, han generado inquietudes entre algunos gobernadores por su posible impacto en los presupuestos regionales.
En este contexto, Benedetti aclaró que, aunque existen temores sobre una eventual disminución de los ingresos departamentales, la Nación se comprometió a asumir cualquier déficit que pudiera presentarse.
“Si el contrabando o una menor demanda llegaran a afectar los presupuestos de los departamentos, la Nación asumiría la compensación. No obstante, nuestros cálculos indican que este escenario no se materializará”, afirmó el ministro.
El tema de la autonomía fiscal también fue objeto de discusión. Al respecto, Benedetti recordó que, según la Sentencia C-414 de 2012 de la Corte Constitucional, el Gobierno nacional tiene la facultad de modificar ciertos impuestos en contextos de dificultades macroeconómicas, por lo que insistió en que la medida se ajusta al marco constitucional.
De igual manera, el jefe de la cartera reiteró que, en caso de que el incremento impositivo afecte la recaudación departamental, la Nación cubriría los recursos necesarios para evitar una erosión presupuestal.
Por su parte, los mandatarios regionales advirtieron que la medida podría afectar de manera significativa los ingresos de los departamentos, dado que este tributo representa cerca del 43 % de los recursos tributarios locales, los cuales se destinan a la financiación de sectores como salud, educación y deporte.
En este sentido, varios gobernadores manifestaron su desacuerdo con el decreto y señalaron la posibilidad de acudir a acciones jurídicas para defender la autonomía territorial. Asimismo, durante la discusión se planteó que el aumento del impuesto podría incentivar el contrabando de tabaco, un producto con demanda inelástica. De acuerdo con las cifras expuestas, en 2024 el contrabando de cigarrillos alcanzó el 36 %, con pérdidas fiscales estimadas en 1,03 billones de pesos.
