El ministro del Interior, Armando Benedetti, designó al abogado Michael Díaz, de la firma DRT International Law Firm, como su representante legal en Estados Unidos, en el marco del proceso que adelanta la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) para buscar su exclusión de la denominada “lista Clinton”.
El anuncio fue hecho por el propio Ministro a través de su cuenta oficial en X. La decisión se conoció días después de que Benedetti denunciara las consecuencias inmediatas de su inclusión en la lista de sancionados, entre ellas el bloqueo de sus cuentas bancarias y tarjetas de crédito.
El jefe de la Cartera señaló que, tras conocerse la decisión de la OFAC, las entidades financieras procedieron a suspender de manera automática sus operaciones. Según indicó en declaraciones recientes, las restricciones se aplicaron “a la hora o dos horas” de hacerse pública la sanción.
Afirmó que la medida lo ha dejado sin acceso al sistema bancario, debido a que las instituciones financieras colombianas mantienen vínculos con bancos estadounidenses y deben acatar las disposiciones del Departamento del Tesoro.
“Lo que me han dicho es que me sacan por la puerta de atrás del sistema financiero porque no pueden tener a alguien que esté en la lista Clinton”, expresó el ministro, quien también manifestó preocupación por las repercusiones familiares de la medida.
Benedetti insistió en que su inclusión no corresponde a una investigación penal, sino a un proceso administrativo con motivaciones políticas, y aseguró que no posee bienes en Estados Unidos ni vínculos con actividades ilícitas. “Me castigaron por mis pronunciamientos”, indicó.
Es de indicar que el 24 de agosto de 2025, el Departamento del Tesoro anunció la inclusión del presidente Gustavo Petro, la primera dama Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro Burgos y el ministro Armando Benedetti en la Lista de Narcotraficantes Especialmente Designados, conocida como la lista Clinton. Según el comunicado oficial, la medida se basó en indicios financieros y testimoniales que los vincularían con operaciones de lavado de activos relacionados con el narcotráfico.
Estar en la lista implica la congelación de bienes y activos bajo jurisdicción estadounidense, la prohibición de transacciones con empresas o ciudadanos de ese país y el bloqueo de operaciones en el sistema financiero global, lo que limita el acceso a créditos, transferencias o pagos electrónicos.
Hasta el momento, el Gobierno colombiano no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre las gestiones legales emprendidas por los funcionarios incluidos en la lista, aunque fuentes diplomáticas indicaron que se evalúan acciones jurídicas y diplomáticas ante EE. UU.
Mientras avanza el proceso ante la OFAC, Benedetti confirmó que continuará en el ejercicio de sus funciones al frente del Ministerio del Interior y reiteró que su abogado en Estados Unidos iniciará las diligencias para solicitar su exclusión de la lista de sancionados.
