Ante la creciente cantidad de acciones judiciales surgidas a raíz de la firma del polémico «decretazo» con el que el Presidente convocó la consulta popular, el ministro del Interior, Alfonso Benedetti, aseguró que el Gobierno está preparado para responder ante las autoridades competentes.
Benedetti también se refirió a las demandas penales por prevaricato interpuestas por varios partidos políticos contra los ministros que firmaron el decreto. En su declaración, afirmó: “Somos respetuosos del Estado Social de Derecho y estamos dispuestos a responder. Estamos aquí para poner la cara ante las Cortes”.
Estas palabras han sido interpretadas como una defensa activa ante los cuestionamientos jurídicos que podrían derivarse de la firma del decreto, reconociendo abiertamente la existencia de impugnaciones legales y expresando disposición para defender la legalidad de la medida ante los jueces.
El Ministro resaltó que siempre ha estado dispuesto a enfrentar cualquier acción judicial y reconoció el derecho de los opositores a presentar las demandas. Esta postura refuerza la idea de que el Gobierno está preparado para enfrentar el proceso judicial con transparencia y respeto al marco legal.
Sobre la firma del decreto, Benedetti explicó que se llevó a cabo debido a que el gobierno tenía un plazo limitado para su expedición, pero también reiteró que el Presidente está dispuesto a negociar. En este sentido, subrayó que el mandatario ha abierto la posibilidad de derogar el decreto si el Congreso aprueba la reforma laboral que considera justa. “Nosotros firmamos el decreto porque teníamos hasta la medianoche para hacerlo, pero el presidente, al decir que el decreto se puede derogar, está dejando abierta la puerta al diálogo para llegar a acuerdos sobre el proyecto aprobado en la Cámara”, indicó.
El jefe de la cartera del Interior también destacó que el objetivo principal del Gobierno es restaurar los derechos laborales perdidos, señalando que esta es la razón fundamental detrás de la convocatoria. “Queremos restaurar derechos que fueron eliminados en 2002 con la ley 189, tales como el pago del 100% de los dominicales y el pago de horas extras a partir de las 6:00 p.m., entre otros. Si no se restablecen estos derechos esenciales, no habrá reforma laboral», afirmó Benedetti.
Las declaraciones del ministro han sido interpretadas como una muestra de firmeza política ante el proceso judicial que podría desencadenarse, dejando claro que el Gobierno está dispuesto a enfrentar las consecuencias legales de la firma del decreto, al tiempo que mantiene abierta la posibilidad de continuar el diálogo para alcanzar acuerdos en el Congreso.
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