El salario mínimo en Colombia para 2026 podría registrar un incremento superior al 12%, de acuerdo con lo señalado por el ministro del Interior, Armando Benedetti, en el marco de la recta final de las negociaciones salariales.
Benedetti, en una entrevista reciente, indicó que el ajuste podría ser de dos dígitos y que se definiría antes de Navidad. El funcionario señaló que el país podría “llevarse una sorpresa” con el porcentaje definitivo y dejó abierta la posibilidad de que el incremento supere el 12%.
De concretarse ese escenario, el salario mínimo, sumado al auxilio de transporte, superaría el $1.800.000 mensuales. El jefe de la Cartera explicó que las negociaciones no lograron un consenso tripartito y que, ante la falta de acuerdo con algunos gremios, el Gobierno avanzaría en la definición vía decreto dentro de los plazos legales.
Desde sectores empresariales, sin embargo, las cifras planteadas por el Ejecutivo han sido interpretadas como un mensaje con fuerte carga política en un contexto preelectoral. Voceros gremiales han señalado que los anuncios del Gobierno se alinean con una estrategia de campaña orientada a mostrar aumentos significativos del ingreso, sin que se evalúe de manera suficiente el impacto sobre las empresas, en particular las pequeñas y medianas.
Representantes del sector productivo han advertido que un aumento superior a las propuestas empresariales podría traducirse en mayores costos laborales, lo que derivaría en cierres de compañías, reducción de nóminas y un incremento de la informalidad. Según estos sectores, el ajuste del salario mínimo debería considerar no solo la inflación y el poder adquisitivo, sino también la productividad y la capacidad real de pago de las empresas en un entorno de crecimiento moderado.
En ese sentido, gremios han insistido en que incrementos elevados pueden presionar la sostenibilidad de sectores intensivos en mano de obra y afectar la generación de empleo formal, especialmente en regiones con menor dinamismo económico. También han planteado que un alza decretada sin acuerdo podría profundizar la brecha entre trabajadores formales e informales, al encarecer la contratación legal.
El Gobierno, por su parte, ha defendido la necesidad de un aumento real del salario mínimo como mecanismo para proteger los ingresos de los trabajadores frente a la inflación y estimular el consumo interno. Benedetti reiteró que la decisión se conocería antes de las festividades de fin de año y que el proceso se encuentra en su fase final, aunque evitó confirmar una cifra exacta.
El debate se produce en un momento en el que el ajuste del salario mínimo se cruza con el calendario político y con advertencias sobre el estado del mercado laboral. Mientras el Ejecutivo sostiene que un incremento de dos dígitos es viable, los empresarios alertan sobre las consecuencias que podría tener una decisión que, a su juicio, responde más a consideraciones políticas que a criterios técnicos.
La definición final, que se adoptará por decreto, marcará el tono de la relación entre el Gobierno y el sector privado al inicio del próximo año.
